Cargando...El Consejo de administración de Aguas acordó interponer las acciones judiciales que se llevaron a cabo el 7 de diciembre de 2012 y como consecuencia se ha admitido la querella, se han abierto diligencias y se están haciendo actuaciones e interrogatorios, según ha declarado hoy ante los medios de comunicación el secretario general de UCIN Alcázar, Mariano Ormeño, quien ha señalado que esta formación política tiene un “compromiso con la transparencia con los ciudadanos”, y por eso quieren que se conozca “la verdad” sobre la gestión que se hacía en Aguas en anteriores legislaturas.
Consecuencia de esa gestión, en palabras de Ormeño, la empresa municipal está “abocada a una situación económica y financiera que pudiera considerarse de quiebra técnica”, lo que se puede deducir de la documentación presentada en los Juzgados, puesto que “toma fuerza la tesis de que todas las contrataciones no se han llevado a cabo de forma casual, se han seguido según un plan establecido para incumplir sistemáticamente la Ley de contrataciones de las administraciones públicas”. En otras palabras, “a través del pucherazo se hacían contrataciones a dedo a una serie de empresarios específicos que se repartían las obras que se hacían en el municipio”.
La querella lleva anexados cuatro expedientes “ejemplo de ese pucherazo”. Entrando en detalles, Mariano Ormeño ha dicho que en las obras de contratación de la III fase del Polígono “se adjudica a un empresario mediante un procedimiento negociado sin publicidad, enviando tres fases a tres empresas que tienen nombre distinto, pero que son del mismo empresario, difícil se le iba a escapar esa obra a ese empresario”, ha remarcado y todo esto después de que el empresario que lo tenía adjudicado inicialmente no se hubiera presentado a la firma.
UCIN Alcázar “no va a parar hasta que no se sepa cómo se adjudicaba, cómo se contrataba, cómo se licitaba la obra pública en el pasado”. La querella se interpuso señalando directamente a Sánchez Bódalo y Montiel, aunque a instancias propias del juez, “ha imputado también al aparejador de Aguas, lo que lleva a pensar que pueda haber más imputaciones en el futuro”, una vez vayan sucediéndose los interrogatorios a todos los citados.
PIDEN LA DIMISIÓN DE SÁNCHEZ BÓDALO
Solamente por la imputación, el secretario general de UCIN considera que Sánchez Bódalo “debería presentar su dimisión como concejal y como vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real” y en este sentido, ha pedido explicaciones al PSOE sobre “si apoya este tipo de contrataciones a dedo y muy cuantiosas”, puesto que “estamos hablando de que en los últimos 5 ó 6 años en Alcázar se han contratado más de 40 millones de euros en obras”. También ha exigido a la secretaria general del Partido Socialista, Rosa Melchor y a la que fuera concejala de Hacienda, Ana Belén Tejado que “tiene la costumbre de aconsejarnos como gastarnos el dinero y de cómo se debe hacer la gestión”, a que den explicaciones sobre este tipo de contrataciones “irregulares” y así como del hecho de que algún empleado municipal “haya llegado a cobrar 600.000 euros por hacer su trabajo”. De no aportar esas demandadas explicaciones, “podríamos pensar que son también cómplices de estas actuaciones”, ha añadido.
Ormeño ha asegurado que de este tema se hablará mucho más en el futuro, porque la instrucción judicial está comenzando en estos días y “de momento nos ha deparado la sorpresa de la imputación de un aparejador municipal”. El hecho de estar imputado significa que “hay indicios suficientes para considerar que se ha cometido un delito, pero que no se podrá decir hasta que no se celebre el juicio. De momento, es estar acusado de haber cometido una actuación que presuntamente es delictiva”.
ADJUDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO A AGUAS DE ALCÁZAR
El dirigente político ha recordado que José Fernando Sánchez Bódalo era el presidente de la Junta Local de Gobierno y que Benito Montiel formaba parte de la misma, además de ser director general de la Energía, “un cargo incompatible” con el que desarrollaba en Aguas de Alcázar. En palabras de Ormeño, las obras se delegaban desde la Junta de Gobierno Local a Aguas y ésta “se facturaba a sí misma, porque hay que ser conscientes de que las mismas personas que estaban en una institución, estaban en la otra y se facturaban de forma inadecuada y presuntamente apañada, sin seguir los criterios que estipula la ley sobre las contrataciones, adjudicaciones, licitaciones o facturación, por lo que se estaban engañando a sí mismos, porque se hacían facturas con las que engañaban al Ayuntamiento”.
Y según ha anunciado Mariano Ormeño “esto es sólo un botón de muestra”, puesto que se han presentado “sólo cuatro de las más de cuarenta contrataciones” que han visto que pueden ser irregulares, pero la querella es susceptible de ampliar a todos los casos y todos los expedientes, “porque hay infinidad hechos de forma irregular, adjudicaciones sin expediente ni delegación de obra, realizados por Aguas, sin tener la orden municipal de ejecutar esa obra”, como por ejemplo pasó en las obras del aparcamiento de la Piscina, ya que “no existe ningún acuerdo de la Junta Local de Gobierno que le delegara la obra a Aguas para poder realizarla, de hecho Aguas hace la obra y el Ayuntamiento no se la paga”.
Todo esto “lleva a pensar que las contrataciones se hacían de forma caótica, arbitraria y bajo el capricho de los que en ese momento estaban mandando, con el ‘ahora te beneficio a ti y ahora te beneficio a ti’”. En este sentido se ha sorprendido de que en un período de cinco o seis años, un técnico municipal cobrara 600.000 euros en concepto de comisiones por obras realizadas, lo que supone “más de 10.000 euros al mes”, una cantidad con la que se podrían crear innumerables puestos de formación en un plan de empleo, especialmente en esta época, por eso se pregunta si “es lícito”, aunque lo que sí tiene claro “es que no tienen vergüenza”.
