Cargando...Tras una oleada de artículos, ruedas de prensa y comunicados, hemos escuchado y leído de todo respecto al futuro de Aguas de Alcázar. Para hablar algo tan delicado como la venta del patrimonio público, hay que atenerse a los hechos y la información concreta que disponemos a día de hoy. Y, por supuesto, también a las mentiras.
Es un hecho que si disponemos de poca información en cuanto al futuro de Aguas de Alcázar, se debe al oscurantismo y las mentiras con las que el gobierno municipal está jugando. Por no hablar de la alevosía que supone iniciar un proceso de tal trascendencia en agosto.
Es un hecho que Diego Ortega dijo en un artículo que “el precio del consumo no se verá incrementado en ningún caso, ya que el mismo está gravado por tasas municipales, las cuales se fijan siempre por debajo del precio del mercado, porque el agua es un bien esencial”(1), mientras que miembros de las Nuevas Generaciones de Alcázar afirmaban “[el precio del agua] no se verá modificado a causa de esta medida, como algunos grupos socialistas apuntan. Éste está sujeto a las subidas y bajadas del IPC por ley”(2). Por tanto, es un hecho que entre el alcalde de Alcázar de San Juan y Presidente local del Partido Popular, y estos miembros de NNGG existe una contradicción irresoluble respecto al futuro precio del agua en Alcázar.
Es un hecho que el agua es un bien público y no comercial: no tiene precio. No lo decimos nosotros, lo establece la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre del 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Lo que los ciudadanos pagamos en nuestras facturas es el coste del ciclo hidráulico (almacenamiento, captación, elevación distribución, depuración, etc), no el agua en sí.
Es un hecho que la empresa concesionaria será partícipe en un 52% de las acciones de la empresa. Como cualquiera que sepa un mínimo de matemáticas, 52 en base a 100 significa dos cosas: a) tener mayoría absoluta y, por ende, controlar la empresa b) que el Ayuntamiento, la gestión pública, tendrá un 48% y su presencia en la empresa será meramente simbólica.
Por ello, la empresa tendrá pleno poder decisión para fijar los costes del servicio de suministro y depuración. En otras palabras, es un hecho que cuando Diego Ortega alude a las tasas municipales para argumentar que no habrá subida del precio, está mintiendo. Y a conciencia.
Es un hecho que el agua de boca –de grifo, para que nos entendamos- se incluye en el IPC. Pero es falso que el precio de ésta se vea afectado por las subidas o bajadas de dicho índice. No existe ley alguna que establezca que las variaciones del IPC regulen el precio del ciclo hídrico. Todo lo contrario: las fluctuaciones de este precio son las que se reflejan en el IPC. Esto explica que, en 2011, mientras en Murcia el metro cúbico de agua costaba unos 2,60, en Palencia su precio era de unos 0,68 € (3). Es decir, el precio depende, como ya hemos indicado, del coste del ciclo hidráulico (uno de las factores decisivos en Murcia sería el trasvase Tajo-Segura). Por consiguiente, es un hecho que los miembros de NNGG que firman el artículo, mienten. Y no sabemos si a conciencia.
Además, afirman, aludiendo a una supuesta ley recogida por nuestra actual Legislación Mercantil, que “cuando una empresa de titularidad pública ostenta una deuda superior a su presupuesto anual, tiene que proceder a su disolución”. Sin embargo, teniendo en cuenta que Aguas de Alcázar es una Sociedad Anónima cuyo capital social es de titularidad pública, esta causa de disolución de sociedades mercantiles no existe ni en la Ley de Sociedades de Capital (artículo 360-368), ni en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (artículo 98). Por tanto, es un hecho que se inventan la legislación.
También declaran que “la deuda contraída por la ya citada empresa durante la etapa de gobierno socialista asciende a los 8 millones de euros, superando de este modo el presupuesto anual de la misma, cifrado en 6 millones”, algo que no coincide con lo reflejado en el balance de cuentas de Aguas de Alcázar, donde se puede ver que la deuda a cierre de 2011 –año en el que cesa el gobierno del PSOE- era de 5,9 millones de euros como consecuencia de su mala gestión, la cual no negamos en ningún momento. Esta deuda se ha incrementado hasta llegar a los 7,9 millones durante los dos años de gobierno de PP y CxA, por su también defectuosa gestión, versión continuista de la anterior. Añaden que sólo hay dos soluciones para Aguas de Alcázar -pero señalan tres-, entre las que se encuentran: disolución y cierre de la empresa –que, tal y como hemos indicado antes, es falso-, privatización total y externalización – la cual, dicen, garantizará la viabilidad de Aguas -.
Es falso que Aguas de Alcázar vaya a ser externalizada, tal y como reconocen ellos mismos unas líneas más adelante, cuando dicen que “su gestión exclusivamente pasará a ser indirecta mediante un modelo mixto participado por el Ayuntamiento”. Es decir: confunden externalización con gestión indirecta. Tampoco sabemos si a conciencia. Lo que sí sabemos es que es un fallo bastante grave en términos económicos para quienes se presentan como ediles de la verdad.
Es un hecho que el gobierno municipal ha insistido en que Diego Ortega será el presidente de Aguas de Alcázar. También es un hecho que eso no significa nada, porque la empresa privada se asegurará, lógicamente, mayoría en el consejo de administración. Y ya veremos si dentro de unos años no nos encontramos en ese mismo consejo como representantes de la empresa privada a los que hoy son representantes públicos. No sería el primer caso que vemos en España: José María Aznar o Felipe González hicieron maniobras similares.
Es un hecho que tanto PP como CxA eluden constantemente la posibilidad de debate público o referéndum sobre el futuro de Aguas, pese a que ninguno de ellos lo incluía en el programa electoral. Ortega presume de participación ciudadana durante su gobierno (4), cuando el caso de Aguas de Alcázar pone de manifiesto que no es así. Algo parecido pasa con CxA, que hablaba de profundizar en la vida democrática de Alcázar en campaña, pero ahora parece que su modelo de participación no va más allá de la Feria (5). Ahora bien, si quieren una mayor involucración de la ciudadanía y tienen argumentos para defender la privatización de Aguas de Alcázar, ¿por qué esquivan constantemente la posibilidad de un debate –público, plural y real-, o un referéndum sobre el tema? Pues seguramente porque ni quieren una cosa ni tienen la otra.
Es un hecho que el equipo de gobierno, aprovechando la mala gestión del anterior, ha monopolizado su argumentación en el ataque al PSOE. Como si todos los que no oponemos a la venta de Aguas de Alcázar fuéramos militantes y/o simpatizantes de este partido. Olvidan, de forma intencionada, que no sólo el PSOE se opone a esta medida –de una manera un tanto hipócrita, pero ese es otro tema-. También existe una Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar formada por ciudadanos a título individual –por más que PP y CxA traten de ubicarla entorno al PSOE de una forma que roza la obsesión-, apoyada por las más de 6000 firmas que han recogido, partidos políticos, sindicatos y numerosas organizaciones que se niegan a esta estafa. Por tanto, que el PSOE gestionara mal o privatice el Agua en otros lugares en los que gobierna, e incluso quisiera privatizarla aquí, no es excusa alguna para que ellos la privaticen. Y más cuando aquí no la privatizaron por el gran fraude que suponía.
Es un hecho que vender Aguas de Alcázar culpando a su situación financiera es engañar a la población. La famosa deuda de 8 millones de la empresa municipal es una deuda contraída con el propio Ayuntamiento a largo plazo. Un Ayuntamiento al que le urge cobrar una deuda a su propia empresa. Decimos que urge porque han convertido la deuda en exigible. Es decir, en lugar de respetar una serie de plazos para pagar dicha deuda, han decidido –sin consultarnos, por supuesto- que la quieren pagar de golpe. Por poner un ejemplo, sería como si un banco exigiera a un hipotecado que abone toda la parte restante de su préstamo en un solo pago, suprimiendo las letras pertinentes. ¿Qué se puede hacer? Muy fácil: amortizar la deuda a 15 años; una medida que apenas notarían los alcazareños en sus bolsillos y con la que se lograría que Aguas de Alcázar siga siendo una empresa pública. Se podrían llevar a cabo otras muchas medidas –como acogerse a planes de pago de la Diputación o la Junta- para no llegar a la privatización, pero está claro que el gobierno municipal está empeñado en que este proceso siga adelante. No entendemos, por tanto, qué interés pueden tener en ello. Lo que está claro es que es un interés privado –porque público no- en el corto y medio plazo.
Es un hecho que si se ha generado esa deuda ha sido por la nefasta gestión del sistema de pagos a Aguas, creado durante la etapa de gobierno del PSOE, y continuado por PP y CxA. Básicamente, consistía en contratar a Aguas de Alcázar para llevar a cabo numerosas obras públicas que poco tenían que ver con el ciclo hidráulico. En un gran número de ocasiones Aguas de Alcázar tenía que subcontratar a otras empresas para realizar estas obras, que eran pagadas con dinero público, como es lógico. Esto sí era una externalización, y no lo que van a hacer ahora. Así se generó la “autodeuda” de Aguas de Alcázar. Esto no justifica que esa mala gestión tenga que ser pagada por todos los vecinos con la pérdida del control de una empresa pública: ya hemos indicado soluciones a la situación actual anteriormente.
No podemos cerrar este artículo sin hacer referencia a lo que consideramos un gran fallo en el análisis del proceso de privatización de Aguas de Alcázar. Es común escuchar, no sólo desde el gobierno municipal y sus círculos cercanos, sino incluso desde la propia Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar, que “la privatización del ciclo hidráulico no tiene ideología” o que se hace por “mero afán recaudatorio”. Ya es chocante de por sí que se diga que una medida política no tenga ideología o signo político. Más que nada porque cualquiera lo tiene. Más sorprendente aún es que se diga con la privatización del agua, cuando los primeros ensayos de este proceso se llevaron a cabo –aunque de forma mucho más extrema- durante la dictadura de Pinochet en Chile. Si bien este régimen fue reaccionario en lo social, fue plenamente neoliberal en lo económico, donde los que tomaban las decisiones político-económicas eran un grupo de tecnócratas conocidos como ‘Chicago boys’. Más tarde sería Margaret Thatcher en Reino Unido la que iniciaría un proceso de privatización muy similar al que aflora hoy en nuestro país (5). Por tanto, que una empresa privada empiece a gestionar algo que antes era público por precios ridículos sí que tiene ideología. Se llama neoliberalismo y siempre ha estado con los intereses de las élites políticas, económicas y financieras. Cuando una gran empresa controle la gestión de la que fue nuestra empresa, reduzca costes o suba precios –o ambas- para obtener beneficios privados, quizá lo veamos mucho más claro.
(1) https://manchainformacion.com/news/14169-Gota-a-gota
(2) https://manchainformacion.com/news/14516-El-agua-y-la-verdad-Patrimonio-de-la-Humanidad
(3) Informe de la OCU sobre el precio del agua en España (2011). Citado en: http://www.iagua.es/2011/04/%C2%BFcuanto-cuesta-el-agua-en-espana-un-estudio-de-la-ocu
(4) El Semanal de La Mancha (30/08/2013)
(5) El Semanal de La Mancha (30/08/2013)
(6) Arrojo Agudo, Pedro. “La privatización de los servicios de agua: ¿austeridad o negocio?” Revista Economía Exterior. Disponible en: http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/la-economia-del-agua/consideraciones-economicas-en-la-gestion-del-agua-gestion-publica-vs-gestion-privada/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-austeridad-o-negocio
