Cargando...Desde que el Consistorio de la vecina localidad de Alcázar de San Juan con su alcalde a la cabeza, anunciase su intención de privatizar el servicio de aguas del municipio, hasta entonces gestionado por la empresa pública Aguas del Alcázar, en beneficio de la empresa Aqualia (perteneciente a la multinacional FCC); la indignación, el rechazo y la consiguiente movilización ciudadana cristalizada en la Plataforma por la Defensa de Aguas de Alcázar para impedir este hecho, no ha parado de ir en aumento.
Fruto de este rechazo social al expolio de un bien público de primera necesidad como el agua, en fechas pasadas se llevó a cabo por parte de un grupo de ciudadanos alcazareños miembros de la Plataforma, un encierro en las mismas instalaciones del Ayuntamiento para exigir la paralización del proceso y la convocatoria de un referéndum; así como para denunciar la falta de democracia y transparencia en todo el proceso, y la represión y criminalización de la oposición a la privatización; hecho que ha quedado constatado en la actuación policial contra los concentrados con resultado de heridos, detenidos e imputados.
Una vez más, y siguiendo el patrón seguido por todas las administraciones en los distintos procesos de privatización de bienes/empresas públicas, el argumento esgrimido para su defensa es la optimización y mejora en la eficiencia que ofrece la iniciativa privada; sin embargo, una vez más en el trasfondo se encuentra la situación desesperada de endeudamiento y falta de liquidez del Ayuntamiento y el clientelismo con las grandes corporaciones como FCC.
En nuestra localidad, donde la gestión de este servicio corre desde hace años por cuenta de la empresa privada Aquagest (ahora Aquona), que posee una concesión para 40 años; conocemos las “bondades” de este tipo de gestión donde prima el interés empresarial y la mera búsqueda de beneficios y donde el ahorro y las ventajas para el ciudadano, por tanto, no se ven plasmadas en la práctica, (hay que tener en cuenta que, entre otras cosas el precio del agua se incrementa al menos en el IVA ya que los servicios prestados por entidades públicas están exentos de su pago).
Pero aparte de los criterios meramente económicos, y no menos importante que éstos, es el carácter antidemocrático que llevan implícito estos procesos de expolio de lo público, al pretender privar a la ciudadanía del poder de participación y toma de decisiones en la gestión de facetas que afectan directamente a su vida cotidiana.
Contra este panorama, en el día de hoy la lucha y el esfuerzo de los vecinos de Alcázar de San Juan se ha visto reconocida por el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ha declarado improcedente la Resolución de la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real que declaraba improcedente la comunicación por parte de la Plataforma para realizar una consulta ciudadana este mismo fin de semana, estimando el recurso contencioso-administrativo presentado por ésta contra la Resolución anterior, anulándola “por no ser conforme a derecho”, lo que significa que se considera como efectuada la comunicación de dicha consulta ciudadana y se podrá llevar a cabo en los próximos días la instalación de mesas informativas para recoger la opinión de la población alcazareña; hecho que pone de manifiesto la importancia y la fuerza de la movilización social y la implicación ciudadana.
Desde el Foro Social de Campo de Criptana nos congratulamos con la noticia y apoyamos la realización de este referéndum, el que entendemos debe de tener carácter vinculante, como medio de garantizar la participación democrática en la toma de decisiones con relación a la gestión de este bien de primera necesidad. De igual forma, nos sumamos a la Plataforma en sus exigencias al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para que paralice inmediatamente el proceso de privatización de la gestión de la Empresa Municipal de Aguas, y para que dicha Plataforma sea reconocida como interlocutora legítima del pueblo alcazareño.
Por último mostramos nuestra solidaridad con los jóvenes imputados por los altercados del 19 de febrero y nuestra condena de las cargas policiales llevadas a cabo contra los vecinos que participaron en las concentraciones.
