Cargando...En el pleno ordinario de noviembre celebrado este jueves 1 de diciembre se ha aprobado el archivo del inicio del expediente de revisión de oficio de los contratos menores y privados referidos al pago a proveedores, gracias a los votos de los grupos municipales Popular (8) y de EQUO (3) y el levantamiento de los reparos de legalidad que supone que ya no se podrá conocer quiénes fueron los responsables de emitir las facturas que se produjeron en la anterior legislatura con el Partido Popular al frente y que nunca han sido justificadas.
Diego Ortega, portavoz del grupo municipal popular, alegó que la manera más rápida de que los proveedores cobraran sería retirando el inicio del expediente de revisión de oficio de los contratos menores y contratos privados ya que lo contrario sería “dilatar en el tiempo el cobro de estas facturas, al igual que está pasando con otros procedimientos en los que se ha llevado a cabo como en la remunicipalización de la empresa Aguas de Alcázar”.
“Someter este expediente al dictamen del Consejo Consultivo alargaría el proceso”, ha indicado Ortega que ha manifestado que “la intencionalidad del PP es que los proveedores cobren cuanto antes”.
Ángel Rubén Arias, tercer teniente de Alcalde, ha acusado a Ortega de “estar apagado o fuera de cobertura” durante los cuatro años que duró su legislatura y durante la cual “se le pasó votar para levantar los reparos de legalidad” de dichas facturas y sobre las que ahora se debatía cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo. Desde el grupo municipal socialista, Rosa Melchor, desafió a Ortega a indicar cuándo se produjeron esos gastos y en qué se emplearon.
Melchor incluso retó al portavoz popular señalando: “Le doy la oportunidad de demostrar que esto ocurrió de manera responsable, y si es así, el grupo municipal socialista se abstendrá en los levantamientos de reparos de legalidad, aunque me dolería porque yo sí quiero saber quién se gastó este dinero y por qué”, ya que como decía Arias, “queremos saber en qué se ha gastado el dinero público y dónde”.
Con 11 votos a favor del grupo Popular (8) y de EQUO (3) y 10 votos en contra emitidos por el Partido Socialista e Izquierda Unida, fue aprobado el archivo del expediente por el que ya no se podrá exigir responsabilidad al anterior equipo de gobierno con Diego Ortega como primer edil del Ayuntamiento, mandato durante el cual aparecieron las facturas “sin firmar”, como indicaba Arias en su intervención, y que ha concluido con las siguientes palabras de Melchor, presidenta de la Corporación, “señores de EQUO, acaban ustedes de tapar las responsabilidades del anterior equipo de gobierno”.
Desestimación de las alegaciones para no declarar nulo el pleno del 24 de julio de 2014
Debido a las alegaciones presentadas por la empresa FCC Aqualia y el grupo municipal popular, en la votación del pleno se procedía a valorar la desestimación de dichas alegaciones por las cuales la sesión plenaria celebrada el 24 de julio de 2014 sería declarada válida.
Eduardo García-Villajos, vicesecretario ejecutivo del PP de Alcázar de San Juan, mostró la intención de su grupo de votar a favor de la estimación de las alegaciones que pretendían legalizar el pleno celebrado el 24 de julio de 2014 en el que se procedió a la adjudicación de la empresa Aguas de Alcázar a la empresa FCC Aqualia y por tanto el modelo mixto de gestión por el que el Ayuntamiento de la localidad pasó a controlar el 48% de la sociedad por el 52% de Aqualia.
Con los 13 votos a favor del grupo municipal socialista (9), EQUO (3) e Izquierda Unida (1) y 10 votos en contra del Partido Popular, se ha remitido el expediente de revisión de oficio al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que será el encargado de emitir un dictamen sobre la nulidad del pleno celebrado en julio.
Villajos manifestó que desde el grupo municipal popular se considera una pérdida de tiempo el remitir dicho expediente al Consejo Consultivo ya que “si se quiere revertir el proceso, solo es cuestión de voluntad política y dinero”. Tras lo que preguntó cuánto se tendría que abonar a FCC Aqualia por el 52% de las acciones que controla actualmente.
Gonzalo Redondo, primer teniente de Alcalde, acusó al Partido Popular de encaminar a una privatización de la empresa Aguas de Alcázar cuando en la Junta llevada a cabo en abril de 2013, el grupo municipal popular a propuesta de Ángel Puente, acordó reducir la deuda de ésta de largo a corto plazo “algo inasumible para cualquier empresa”, según Redondo.
Redondo indicó que el PP es el único que ha alegado a favor de la privatización de Aguas de Alcázar, a diferencia del PSOE, en el que no se quiere que “el dinero se siga tirando a la basura”, y que las tasas que ha impuesto Aqualia las sigan asumiendo sus vecinos, como la tasa de alcantarillado que recientemente se ha implementado aplicando el IVA, cuando desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan nunca se había cobrado.
