Cargando...A raíz del acuerdo del pleno en el que se inicia un expediente de responsabilidad patrimonial, Ángel Montealegre ha indicado que “es falso y además se va a demostrar”, ya que según ha anunciado “va a terminar en los tribunales de Justicia por dos vías: por la vía contenciosa-administrativa para que quede claro ante el Juzgado que no hay ninguna responsabilidad patrimonial por el hecho que se le imputa, así como por lo penal”.
“No puede haber responsabilidad patrimonial cuando lo que se está exigiendo depende de una empresa pública municipal, en este caso, Viveros Abedul, que todavía existe”, ha subrayado, por lo que desde UCIN se piensa que se podían haber depurado las responsabilidades económico-administrativas puesto que la empresa origen del conflicto continúa existiendo.
Según Montealegre, “entendemos que los concejales que votaron a favor de exigir responsabilidad patrimonial no les puede salir gratis si el Juzgado Contencioso-Administrativo nos les da la razón, como así va a ser”.
Montealegre ha manifestado que la empresa Viveros Abedul tiene una sentencia judicial que le condena a pagar el despido que se hace al trabajador de la misma. El ex concejal ha señalado al respecto que el tema se resolverá en los Tribunales de Justicia porque PSOE y Equo “piensan que pueden condenar a la gente en base a su propio patrimonio, y eso se justificará en el Juzgado”.
“Esta es una maniobra de persecución política clara porque existe la empresa Viveros Abedul”, ha declarado el portavoz de UCIN, ya que hay una aprobación en un Pleno que afecta a un ex concejal que viene por la vía de la intervención de fondos. “El interventor de fondos es el responsable material”, de lo que ha considerado “un atraco a mano armada a la dignidad y a la honorabilidad de una persona”.
Mariano Ormeño ha incidido en el “atraco que supone la participación política de cualquier persona que vaya en contra de la opinión que se está llevando a cabo por el actual Gobierno de la Corporación”.
Según la formación, “no consta que Ormeño haya asistido a ningún acto de conciliación”, así como, no existe documento que demuestre y acredite que Ormeño dictó órdenes en dicho acto, y resulta sorprendente que los dos documentos que aporta el equipo de Gobierno municipal hagan referencias a expresiones como “creo recordar” o “me han comentado”. Igualmente han aclarado que el hecho que se denuncia ha prescrito, y además, existe un acuerdo de Viveros Abedul y el ex trabajador para proceder a su indemnización que no se cumplió.
Para UCIN, el interventor de fondos confirma en un informe que la empresa Viveros Abedul sigue funcionando en la actualidad, por lo que la responsabilidad del pago de dicha indemnización recaería sobre el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ya que la Fundación Municipal para la Promoción y el Empleo desapareció, y se trataba de un órgano dependiente de éste.
Por su parte, Mariano Ormeño ha detallado el origen y la evolución de este problema con el trabajador, que comenzó el 1 de septiembre de 2005. El ex concejal ha reiterado que no estuvo presente en el acto de conciliación y que no dictó ninguna orden en ese sentido.
“Esta es una maniobra de persecución política clara porque existe la empresa Viveros Abedul”, ha declarado el portavoz de UCIN, ya que hay una aprobación en un Pleno que afecta a un ex concejal que viene por la vía de la intervención de fondos. “El interventor de fondos es el responsable material”, de lo que ha considerado “un atraco a mano armada a la dignidad y a la honorabilidad de una persona”.
Mariano Ormeño ha incidido en el “atraco que supone la participación política de cualquier persona que vaya en contra de la opinión que se está llevando a cabo por el actual Gobierno de la Corporación”.
Situación del trabajador en la empresa Viveros Abedul
La situación según la ha explicado el ex concejal es la siguiente: El trabajador que venía desarrollando su labor en Viveros Abedul, empresa constituida en su capital social íntegramente por la Fundación Municipal para la Promoción y el Empleo, dependiente en su día del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, queda en manos del Consistorio en el momento en que la Fundación desaparece ya que éste debe asumir todos los derechos y obligaciones de dicha empresa.
Ha indicado que el trabajador fue despedido por causas objetivas de la empresa tras lo cual se le fue asignada una indemnización. Debido a la inconformidad del mismo, que considera que el despido es improcedente, recurrió ante el Juzgado que acabó por no darle la razón al valorar que el despido se había realizado adecuadamente.
En la carta de despido, se le asignó dicha indemnización que fue acordada con el trabajador para ser entregada de manera aplazada y un 40% de la cantidad fuera abonada por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). De la cantidad procedente del FOGASA, continúan pendientes de abono 5.100 euros.
Tras este impago, el trabajador volvió a reclamar ante Viveros Abedul para que la parte de indemnización que continuaba sin serle abonada, fuera asumida por la empresa, es decir, esta responsabilidad reaería sobre el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, tal y como reclama UCIN.
