Cargando...En cuanto a la ratificación de la propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio de Limpieza Viaria y Complementaria de Zonas Verdes, Arias ha indicado que al equipo de Gobierno le hubiera gustado prestar por medios propios el servicio pero “es imposible que a día de hoy podamos realizar este servicio de manera interna para el Ayuntamiento”.
Ha alegado dos cuestiones legales fundamentales para ello como son la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide aumentar la masa salarial en el Ayuntamiento local, y la imposibilidad de crear una empresa municipal que llevara a cabo el servicio por razones legales. Igualmente ha destacado la cuestión económica por la que atraviesan las arcas municipales “no se puede gastar el dinero ni siquiera para la adquisición del material mínimo imprescindible para realizar el servicio”.
Según un informe del técnico municipal de la sección de Medio Ambiente, el concejal ha señalado que la maquinaria mínima para prestar el servicio ascendería a 1,2 millones de euros, por lo que el Ayuntamiento en estos momentos “no puede disponer en una sola anualidad de este dinero”. Por otro lado, contratar por parte del Ayuntamiento el personal necesario supondría 1,236 millones de euros, ha manifestado.
Ante estas dificultades, el Ayuntamiento ha sacado un pliego de condiciones que supone una rebaja económica con respecto a la anterior legislatura, aumentando además el servicio en prestaciones. Arias ha apuntado que esta acción ha supuesto una rebaja de 165.000 euros.
El adjudicatario ha realizado una propuesta de 1,669 millones de euros, llevando a un ahorro de 165.000 euros anuales. Según Arias, existen nuevas mejoras con este acuerdo en el que se han incluido nuevas calles que no se contemplaban en el pliego anterior, aumentando las mejoras en el contrato. Además, la empresa aportará 50.000 euros para la adquisición de mobiliario y juegos infantiles, aumento en las jornadas, 600 horas de mano de obra y 200 horas de maquinaria.
Otra de las mociones institucionales aprobadas por todos los grupos políticos fue la Constitución del Ente Público de la Televisión Local. Este reglamento ya estaba aprobado desde enero de 2016 aunque aún no se había constituido su Consejo. La composición de dicho Consejo estará formado por 18 miembros, de los cuales un tercio son políticos: la presidencia, que estará ocupada por la alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor, la vicepresidencia regentada por un concejal de la Corporación y cuatro concejales cada uno procedente de los cuatro grupos municipales con representación política que conforman el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
El resto de representantes procederán de las asociaciones empresariales, de los sindicatos de la localidad, de la Asociación de Consumidores que existen en Alcázar, de las Asociaciones Vecinales, dos representantes del Consejo Municipal y cinco representantes más de los espectadores, además del director de la Televisión Local. “Una representación amplia y exhaustiva de la sociedad alcazareña”, en opinión de Arias, y en el que objetivo de este Consejo será “la pluralidad, la calidad, y al servicio de los ciudadanos”.
En este punto, “el PP hizo gala una vez más de la demagogia a la que nos tiene acostumbrados”, ha manifestado el concejal, “queriendo abanderar esta composición e indicando el retraso que habíamos tenido cuando ellos en cuatro años que estuvieron gobernando, no solo no existía el Consejo sino que hacían con la televisión local de su capa un sayo y hacían lo que estimaban conveniente”.
Otra de las cuestiones tratadas en el pleno ordinario de febrero fue la moción de Equo en relación a la creación de una Comisión de Investigación sobre Aguas de Alcázar. “Este era el momento para que el Partido Popular se hubiera sumado y hubiera reivindicado como suya”, según Arias, ya que en palabras del concejal, “el argumento que siempre ha esgrimido el PP para la “venta-regalo” era la deuda insostenible de esta empresa.
Uno de los objetivos de esta moción es aclarar si la deuda existe realmente, a cuánto ascendería la cuantía, y cuáles eran las causas que habían llevado a esa deuda. “Debería haber abanderado esta causa porque es su discurso, pero votó en contra” por lo que Arias ha subrayado que “no sabemos qué miedo tendrá el PP a esta Comisión y no sabemos si tiene algo que esconder”.
Los grupos municipales Equo, Izquierda Unida y PSOE votaron a favor de dicha moción ya que se han mostrado a favor de que “se investigue todo lo que se tiene que investigar y que se aclaren todas las dudas” del proceso. “Vamos de la mano con Equo para la remunicipalización de Aguas de Alcázar y para el esclarecimiento de cualquier posible duda que tengan los vecinos”, ha puntualizado.
El último punto que se trató en el orden del día, fue la moción institucional ante la falta de examinadores de tráfico de Alcázar de San Juan y provincia. En palabras de Arias, se trata de una reivindicación que han hecho llegar las autoescuelas locales y de la comarca ante la reducción de personal de examinadores y la inseguridad que esto crea a los propios alumnos y autoescuelas.
“De los diez examinadores que existían en la provincia de Ciudad Real, a día de hoy solo hay cinco”, ha manifestado Arias, una cuestión que no solo afecta a Castilla-La Mancha sino a toda España, ya que como ha subrayado el concejal “el propio Ministro ha indicado que existe un déficit de 176 examinadores”, una circunstancia que crea inseguridad a los alumnos ante la incertidumbre y desconocimiento de las fechas de celebración de los exámenes.
Arias ha especificado que esta “es una cuestión más de esa sinrazón que llevó al PP a no cubrir las plazas de los funcionarios ni de jubilaciones, ni invertir en personal”, algo que “ha llevado a esta falta, no solo de examinadores, sino en muchas otras circunstancias cuyos únicos perjudicados son los ciudadanos al ver que sus servicios están cada vez peor prestados aunque el dinero que pagan sigue siendo el mismo”.
En cuanto a la modificación del precio público de la Escuela Municipal El Tobogán, que según Arias debía haber sido un punto de mero trámite ya que se trataba de ratificar una ordenanza pionera de los Servicios Sociales que “muy pocas localidades tienen”, se venía a regular la ordenanza para la Guardería y para las cuestiones de aulas matinales, entre otras cosas. Este punto salió adelante pese al voto en contra del Partido Popular en el pleno celebrado el 28 de febrero.
