Cargando...El primer punto correspondía a resolver la revisión de oficio para la anulación del pleno del 24 de julio de 2014 donde se adjudicó el contrato a la empresa Aqualia. Este procedimiento se llevó al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que resolvió señalando que no procedía anular ese pleno. Equo votó en contra “porque creemos que no puede haber un pleno donde se adjudica un contrato si ya está aprobado el cambio de gestión y la memoria justificativa”.
Este Consejo Consultivo está compuesto por tres jueces, dos a propuesta del PP y tres del PSOE. “Pero ha ocurrido una cosa que no es habitual, que no fue unánime el dictamen y ha sido negativo a nuestros intereses”, dijo el portavoz de Equo. Pero ha habido dos consejeros que avalaban las tesis del Ayuntamiento, que eran dependientes un pleno de otro y, por tanto, no podía haber una adjudicación a una empresa si antes no había habido un cambio de gestión.
“Una vez conocido esto”, ha señalado Garrido, “nosotros nos manifestamos en el pleno con un voto en contra. No estamos de acuerdo en el dictamen y sí estamos de acuerdo con el voto particular”. Ha explicado que su voto negativo también se reserva la posibilidad de hacer acciones judiciales contra la decisión del pleno. “Pero eso lo estamos estudiando todavía. Sabiendo que hemos votado negativo, tenemos siempre esa posibilidad”, ha defendido.
ACCIONES DE EQUO A PARTIR DE AHORA
“Ahora tenemos que resituarnos”, ha dicho Garrido sobre las acciones que desde Equo Alcázar llevará a cabo tras la resolución del Consejo Consultivo, aunque ha añadido que tienen claro tres puntos, como son que creen que hay que extremar y hacer más efectivo el control de la empresa Aqualia “en cuanto a incumplimientos, inversiones, contratos…”; que todos los procesos que vayan a emprender los argumentarán con estudios económicos, jurídicos… “para no cometer fallos”; “también tenemos una comisión de investigación en marcha que nosotros estamos convencidos que dará luz a lo que realmente justificó la venta de la empresa municipal de Aguas por el PP y Montealegre, que intentaron maquillar unas cuentas para justificar una venta real”, ha denunciado Garrido.
Por su parte, Elisa Díaz ha indicado sobre la abstención del Grupo en el segundo punto del orden del día del pleno extraordinario del pasado jueves que “el proceso ha tomado un giro con este dictamen del Consejo Consultivo que nos deja escépticos y la sensación de que no es nada fácil el futuro”. Ha añadido que es difícil revertir una situación de un procedimiento en el que ahora la empresa está gestionada de forma directa y “tiene visos de quedarse durante mucho tiempo en Alcázar”, según ha comentado.
“Hemos visto que hay argumentos de fondo de que ha supuesto este contrato daños al municipio”, ha proseguido Elisa Díaz, enumerando posteriormente los puntos que veían como lesivos en este proceso. En primer lugar, que el Ayuntamiento “firmase una cláusula de garantía de negocio de la empresa comprometiéndose a permitir que suban las cantidades abonadas por los usuarios para que la empresa nunca tuviese pérdidas”.
También ven como algo lesivo para el pueblo que el Ayuntamiento haya dejado de recibir el dinero del alcantarillado que asciende a cerca de un millón de euros, al igual que, según ha defendido Díaz, “teniendo el gobierno el mando para cuatro años se privatizase a 25 años sin justificación alguna. Eso es un grave daño al pueblo de Alcázar”, ha denunciado.
“El precio de la venta fue un regalo si lo comparamos con lo que han percibido otros municipios cuando han privatizado o han hecho gestión mixta de su servicio de saneamiento y abastecimiento de agua”. Ha defendido la concejala que para cometer este proceso de demostrar lesividad en el contrato es necesaria una argumentación jurídica contundente, y ésta es preciso basarla en el seguimiento que se le haga a la empresa.
“AQUALIA NO DEBE ESTAR CÓMODA EN ALCÁZAR”
“Si no se argumenta de forma minuciosa, con estudios económicos y financieros serios, con una buena argumentación jurídica, es muy difícil que el procedimiento de lesividad salga adelante”. El proceso de lesividad “hay que tomárselo con mucha precaución y mucho interés. Hay que meditarlo y reflexionarlo. El control y el seguimiento debe ser exhaustivo y la empresa no debe estar cómoda en Alcázar”. Mencionó posteriormente todos los incumplimientos por parte de Aqualia para tener un seguimiento estricto en el futuro por su parte.
Lo que motivó su abstención en el proceso de lesividad, algo muy meditado según declarado, tiene como justificación el “ser coherentes con que nuestro voto al dictamen del consejo consultivo fue negativo. En esta parte debíamos abstenernos”.
No estaban de acuerdo con el dictamen ni con la lesividad, sino que querían la remunicipalización por la vía rápida, “no este proceso en el que vamos a estar inmersos de bastantes años” y que han tildado de incierto, largo y costoso. “En esta legislatura ya no lo vamos a ver y en la próxima tenemos nuestras dudas de que se pueda tener la sentencia”
SOBRE “LO MAL QUE SE HICIERON LAS COSAS HASTA LA PRIVATIZACIÓN DE AGUAS”
“Hay que asumir que ni Equo, ni IU ni la alcaldesa podrán cumplir su promesa de remunicipalizar Aguas”. “No queremos dar la sensación de que no ha pasado nada. Nos cuesta mucho dar este paso de lesividad que puede meternos en un callejón sin salida”, ha dicho la concejala, si no se da con mucha solvencia jurídica “que ahora no tenemos”.
Ha afirmado que no poder cumplir esa promesa es un “auténtico fracaso” y se ha acogido a lo que, a día de hoy, entienden como la única esperanza de remunicipalización rápida: el recurso que la concejala socialista Ana Belén Tejado planteó al acuerdo del pleno y que en caso de ser admitido invalidaría ese acuerdo. Entonces el ayuntamiento debería liquidar el contrato, invitando a Aqualia a abandonar Aguas de Alcázar, “como si siempre la gestión hubiese sido pública y directa”, ha concluido. “En Equo vamos a seguir luchando por conseguir la remunicipalización del agua y del resto de servicios públicos”, ha dicho por último.
