Cargando...“Una vez más, Julián Nieva lleva al Pleno lo que le da la gana, guardando en su cajón las mociones de la oposición”
En su moción, el Grupo Popular ha propuesto manifestar «su apoyo a la figura de la Prisión Permanente Revisable, instar a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso a reconsiderar su postura sobre la derogación de la misma y dar traslado de estos acuerdos al ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, del Senado y de las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Junta de Gobierno de la FEMP».
La Prisión Permanente Revisable es una figura jurídica «generalizada en las democracias europeas (Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca), homologada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ser conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos. Son contados los países que no tienen una figura similar: Portugal, Croacia y Eslovenia».
El Grupo Popular ha indicado que, «a pesar de que en este pleno empezó a aplicarse el nuevo Reglamento Orgánico Municipal, más participativo que el anterior, el alcalde volvió a aplicar su potestad discrecional de no llevar a pleno las mociones de la oposición, algo que nunca sucedió en la legislatura anterior con el Gobierno Popular. Es el talante de Nieva», afirman.
Considera el Grupo Popular que, “una vez más, Julián Nieva lleva al Pleno lo que le da la gana, guardando en su cajón las mociones de la oposición” y recuerda que la defensa de la Prisión Permanente Revisable “es un clamor social que Nieva pretende acallar en Manzanares”.
En otros asuntos, «el Grupo Popular introdujo una modificación al Reglamento de Conserjes de Colegios para garantizar que no puedan acceder a dichos puestos personas con antecedentes por delitos contra la libertad sexual, conforme a las Leyes 26/2015, de protección a la infancia y a la adolescencia, y 1/1996, de Protección Jurídica del Menor».
Asimismo, el portavoz popular Manuel Martín-Gaitero formuló dos interpelaciones. La primera, dirigida al alcalde, «pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Manzanares se encuentra a la cola en la implantación de la Administración Electrónica, lo que conlleva incumplimientos del procedimiento administrativo, inseguridad jurídica y pérdida de subvenciones, todo ello por la desidia del equipo de gobierno socialista y a pesar de que las herramientas informáticas las facilitan gratuitamente el Estado y la Diputación».
La segunda, dirigida al concejal de Tráfico, «el comunista Ramírez, cuestiona la legalidad de las multas impuestas por el sistema de semáforo foto-rojo, según recientes sentencias del Tribunal Supremo. Ramírez fue incapaz de responder si los aparatos están homologados o sujetos a control metrológico, ni a qué norma se ajustan, aunque reconoció que desde su implantación, a finales de 2016, se han impuesto alrededor de 1.300 sanciones de 200 euros y pérdida de 4 puntos, todo ello en un solo semáforo».
Martín-Gaitero acusó a Ramírez «de afán recaudatorio, puesto que ni el semáforo ni el radar móvil se sitúan en las zonas de mayor siniestralidad, sino en los puntos de mayor rentabilidad para la empresa privada que gestiona estos sistemas y que cobra el 43% de la recaudación».
