Sin embargo ha decidido no autorizar la instalación de dos proyectos de explotación porcina de 7.200 plazas de cebo cada una de ellas, que la sociedad Juan Jiménez García S.A.U. pretendía instalar en la localidad toledana de Los Cerralbos.
La Viceconsejería de Medio Ambiente ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto ‘Ampliación de explotación ganadera de porcino de cebo’ ubicada en las parcelas 197 y 198 del polígono 17 del término municipal de Villafranca de los Caballeros
El proyecto, cuyo titular es la sociedad Ganados Rusan, S.L., pasa por ampliar de 2.192 a 4.000 plazas de cebo. Para ello el promotor no prevé incrementar la superficie construida, al disponer las naves existentes de capacidad suficiente para albergar la ampliación proyectada.
El promotor de este proyecto deberá presentar, antes del inicio de las obras de adaptación de las instalaciones, un calendario de obras, la documentación que acredite la concesión abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca, o en su defecto copia de la solicitud, así como el contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres, entre otra documentación.
Así consta en las resoluciones de dicha Viceconsejería de Medio Ambiente, que publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, que ponen fin a los procedimientos de evaluación ambiental y archiva las actuaciones.
En el caso del proyecto ‘Explotación porcina de cebo El Caballo’ y de ‘Explotación porcina de cebo Rico’ en el polígono 1 y 2 del término municipal de Los Cerralbos (Toledo), la decisión de este departamento que dirige Agapito Portillo viene motivado por los informes emitidos por el Ayuntamiento de Los Cerralbos (Toledo), que ha considerado que estos proyectos son incompatibles con la legalidad urbanística del municipio.
Contra las presentes resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes desde el día siguiente a su recepción, conforme a lo establecido la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 2015, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
