Cargando...ANPE C-LM ha presentado recurso de alzada contra las instrucciones de admisión de alumnado para el próximo curso. El sindicato considera que determinadas previsiones incluidas en estas instrucciones, especialmente las relativas a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, introducen limitaciones que no se ajustan al marco normativo estatal y autonómico vigente en materia de inclusión educativa.
En concreto, el recurso cuestiona los apartados que regulan la actuación de las comisiones específicas de escolarización y los requisitos documentales exigidos para acceder a determinadas medidas de inclusión educativa.
Según expone ANPE, como novedad para el siguiente curso, las instrucciones «condicionan la reserva de plazas, la reducción de ratios y la planificación de determinados recursos personales a la aportación de certificados de discapacidad o informes clínico-sanitarios externos al sistema educativo, con la consiguiente dilación en el tiempo de respuesta que supondría».
A juicio del sindicato, «este requisito introduce una barrera administrativa que puede retrasar o dificultar la respuesta educativa adecuada, al depender de procedimientos gestionados por otras administraciones cuyos tiempos no siempre coinciden con el calendario escolar».
El recurso también advierte de que «estas previsiones pueden tener un impacto directo en la organización de los centros educativos y en las condiciones de trabajo del profesorado, al limitar la dotación de determinados recursos especializados y trasladar a los equipos docentes y de orientación una mayor carga de atención al alumnado con necesidades educativas especiales».
Asimismo, ANPE sostiene que «estas instrucciones desdibujan el papel técnico y pedagógico de la orientación educativa en los centros, ya que el modelo de inclusión educativa recogido en la normativa vigente en Castilla-La Mancha, la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización elaborados por los orientadores y orientadoras constituyen los instrumentos fundamentales para identificar las necesidades del alumnado y proponer las medidas educativas y los recursos necesarios». Sin embargo, las nuevas instrucciones «supeditan en determinados casos la eficacia de estos informes a la existencia de acreditaciones externas, lo que, según el sindicato, desplaza el criterio profesional desde el ámbito educativo hacia otras administraciones».
Desde ANPE se subraya que «la legislación educativa vigente establece la obligación de las administraciones educativas de asegurar los recursos necesarios para atender adecuadamente al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo desde el momento en que se detecta dicha necesidad, sin que esta atención deba quedar condicionada a la obtención previa de certificaciones administrativas externas».
Asimismo, ANPE pide que «las instrucciones de admisión se adapten plenamente a la legislación educativa estatal y autonómica, propiciando que la planificación de plazas, ratios y recursos personales responda a las necesidades educativas detectadas por los profesionales del sistema educativo, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica del proceso de admisión, reforzar el papel de los profesionales de la orientación educativa y asegurar que el sistema educativo disponga de los recursos necesarios para ofrecer una respuesta inclusiva y de calidad al alumnado».
Por todo ello, el recurso solicita que se declare la nulidad, o subsidiariamente la anulabilidad, de los apartados de las instrucciones que introducen estas limitaciones, así como de las previsiones conexas que puedan resultar contrarias al marco normativo vigente.
