El encuentro, celebrado en el Salón de Plenos del consistorio a petición del propio Ayuntamiento, contó con la presencia del presidente provincial de ASAJA, Emilio Cepeda, y de la secretaria provincial, Lola Ruiz, quienes fueron recibidos por el alcalde, Iván Olmedo, junto a varios miembros de la corporación municipal.
Durante la reunión, el equipo de Gobierno expuso la postura “totalmente contraria” del municipio respecto a este tipo de proyectos industriales, defendiendo que el modelo de desarrollo de Arenales de San Gregorio “no tiene nada que ver” con iniciativas de estas características.
Los representantes municipales pusieron además sobre la mesa el futuro Plan de Biometanización impulsado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que contempla una distancia mínima de dos kilómetros entre estas instalaciones y los núcleos urbanos. Una medida que el Ayuntamiento considera insuficiente e “inasumible” en el caso concreto de Arenales, al entender que la planta estaría mucho más próxima al casco urbano arenalero que al propio núcleo de población de Tomelloso.
En el transcurso del encuentro, el consistorio hizo entrega también a ASAJA de la moción aprobada por unanimidad el pasado 5 de mayo contra la instalación de macrogranjas porcinas en el término municipal, reiterando así el rechazo institucional a este tipo de explotaciones intensivas en un municipio cuyo término es considerablemente más reducido que el de localidades vecinas.
El alcalde recordó además las recientes declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, en las que señalaba que este tipo de industrias no se implantarán si no existe consenso social. En este sentido, Iván Olmedo insistió en que en Arenales “no existe ese consenso” y reclamó que se tenga en cuenta la posición de los vecinos pese a que la instalación proyectada no se ubique formalmente en su término municipal.
La reunión abordó igualmente otros asuntos de interés para el sector agrícola local, como la proliferación de conejos y los daños que están causando en explotaciones agrarias de la zona. Desde ASAJA se informó de las actuaciones emprendidas ante la Fiscalía y de las medidas planteadas por distintas administraciones para tratar de frenar esta problemática.
Finalmente, ambas partes analizaron la situación hídrica de la comarca y la preocupación existente entre los regantes por la posible extinción de determinados derechos de agua en 2027, una circunstancia que, según se advirtió en la reunión, podría ocasionar importantes perjuicios al sector agrícola de la zona.






































































