Cargando...El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, asegura, durante su intervención en el pleno extraordinario convocado a petición de los grupos PP y Vox, para conocer la situación del alcalde y la teniente de alcalde por supuesto delito de estafa procesal y falsedad documental, que dará las explicaciones “en el momento y el lugar oportuno una vez tengan el requerimiento del juez”. “Hasta el momento no tenemos ninguna notificación judicial y por tanto todas las acusaciones son infundadas. Los hechos tienen que ver con una cuestión laboral, a raíz de una denuncia de un trabajador, y no de un tema político”, explicaba, asegurando que “técnicamente no estamos siendo investigados”.
Para el alcalde criptanense la celebración de este pleno responde más a cuestiones “mediáticas que judiciales donde predomina más la presunción de culpabilidad que la de inocencia”. “Es su forma de hacer política, generan odio y embarran la gestión municipal porque es lo único que tienen, mientras tanto nosotros seguiremos trabajando para defender los intereses de los vecinos de Campo de Criptana”.
Manifestaciones que Santiago Lázaro hacía tras las intervenciones de los portavoces de PP y Vox, Laura Monedero y Vicente Parreño, respectivamente. En esta línea, tanto Monedero como Parreño han insistido en preguntar “por qué hay indicios de un supuesto delito de estafa procesal y falsedad documental y por qué ha sido aceptada a trámite esta querella”.
Para Monedero la oposición no es la culpable, “son ustedes los que se han puesto en esta situación porque sí son responsables de los problemas judiciales que tienen con sus trabajadores. Nosotros no les acusamos de nada pero sí les pedimos explicaciones porque es nuestra obligación”.
En los mismos términos se ha expresado el portavoz de Vox, Vicente Parreño, quien aseguraba que “este grupo no difama sino que pide explicaciones por decisión de un juez, quien sí ha visto indicios de delito”. Parreño destacaba que esta situación, derivada a raíz de una denuncia de un trabajador, se suma a las numerosas demandas que los trabajadores municipales han interpuesto en estos dos años y medio, costando al Ayuntamiento más de 220.000 euros. ¿Queremos saber por qué hay tantas denuncias por parte de los trabajadores?”, preguntaba Parreño.
Preguntas cuyas respuestas, tal y como han explicado tanto la portavoz socialista, Virginia Pintor, como el propio alcalde, las darán “cuando lo requiera el juez, este no es ni el lugar ni el momento oportuno”.
