Han transcurrido poco más de dos meses desde que, a principios de junio, se iniciara el procedimiento especial de arbitraje de conflictos generados por la comercialización inadecuada de preferentes. En este tiempo, la Junta Arbitral Nacional de Consumo, adscrita al Instituto Nacional de Consumo (INC), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dictado 8.000 laudos, todos ellos estimatorios.
De este modo, ya se han resuelto la mayoría de los 12.500 expedientes que han llegado hasta la fecha al INC. En cuanto a los que aún no han sido resueltos, la mayoría está en trámite de audiencia. Pese a la coincidencia con el período estival, no sólo no ha disminuido el ritmo de resolución, sino que, en el último mes, la cifra de laudos se ha multiplicado, pues se han dictado casi 6.000, frente a los 2.000 del primer mes.
La presidenta del Instituto Nacional de Consumo y secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, se comprometió, desde el momento en que se decidió que la Junta Arbitral Nacional fuera la encargada de resolver la controversia de las preferentes de Bankia, a dotar a la misma de todos los recursos materiales y humanos necesarios para encontrar una solución a un problema de gran repercusión social, tanto por el volumen de afectados como por las características del conflicto.
El pasado mes de julio el INC firmó un convenio con la Abogacía del Estado para que un grupo de abogados reforzara la actividad que estaban desarrollando como árbitros los funcionarios licenciados en Derecho del INC. Unos y otros han desarrollado esta actividad en jornadas extraordinarias.
Se prevé que, tras el verano, y una vez incorporada la totalidad de la plantilla, el ritmo de resolución sea aún mayor. La secretaria general no descarta incrementar el número de árbitros si el incremento en la llegada de expedientes a la Junta Arbitral lo hiciera necesario, de forma que puedan resolverse en el plazo más breve posible.
