El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha destacado el alto porcentaje de adhesión al nuevo mecanismo de pago a proveedores que se puso en marcha el pasado 25 de julio y que ha alcanzado un 86,3 por ciento de adhesiones en cuanto a convenios; un 72,2 por ciento en lo que corresponde a conciertos sanitarios, asistenciales y educativos, mientras que en las transferencias a entidades sin ánimo de lucro un 74,6 por ciento y un 100 por cien en I+D+i.
El consejero de Hacienda ha destacado la importancia de aprovechar al máximo estos sistemas de pago a proveedores «para conseguir poner el contador de la deuda a cero y acabar con la morosidad pública».
Romaní ha recordado de nuevo que la adhesión al primer tramo del nuevo plan de pago a proveedores -estimado en 263,1 millones de euros- finaliza el próximo 6 de septiembre, y el día 20 se publicará la relación completa de las facturas certificadas por la Intervención General, por lo que ha emplazado a que se adhiera todo el mundo «y no lo dejen para el último momento».
Este es un primer tramo del nuevo mecanismo de pago a proveedores, más adelante se habilitará una nueva fase para atender obligaciones comerciales. De esta forma, ha señalado Romaní, “el Gobierno regional continúa el proceso de reducción de la morosidad, de disminuir el volumen de obligaciones pendientes de pago y esperamos que a final de año estemos pagando a 30 días”.
Con este nuevo pago, se atenderán deudas derivadas de conciertos en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, así como convenios de colaboración cuyo objetivo sea la realización de una actuación a cambio de una contraprestación, “lo que pone de manifiesto que se ha priorizado el pago de gasto de carácter social”.
También se realizarán transferencias a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en el ámbito de los colectivos de protección a la familia, integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y la tercera edad; subvenciones para la realización de actividades de investigación de las entidades inscritas en el registro de centros tecnológicos y transferencias a entidades locales.
