Así lo expresó el concejal de este Grupo, Gonzalo Redondo aludiendo a las declaraciones que hizo al respecto su compañera Amparo Bremard. Ambos recordaron que en el mencionado recurso “pedíamos amparo ante lo que entendíamos una vulneración de los derechos fundamentales de los concejales” en relación al pleno que se celebró en el mes de octubre de 2013, en el que se aprobó la memoria que ha dado lugar al inicio del proceso de “la venta” de Aguas.
Los socialistas califican la notificación de la Fiscalía como “una noticia esperanzadora”, puesto que “da pie a pensar que el juez también nos va a dar la razón y si dice que ese pleno se convocó ilegalmente porque se vulneraron los derechos fundamentales de los concejales, eso quiere decir que la memoria que ha dado pie a todo el proceso de la venta de Aguas estaría invalidada y el equipo de Gobierno tendría que empezar de nuevo todo el proceso desde el principio”. Esto sería así, según Redondo, “porque los pliegos con los que la semana pasada se adjudicó la empresa municipal de Aguas a Aqualia se basan en la memoria y si la memoria cae, caería todo el proceso”. Por todo ello, “nosotros estamos esperanzados porque estamos convencidos de que el juez pronto, en unos días o en unas semanas, nos dará la razón”.
Asimismo recordó que además tienen puesto otro Contencioso y que el gabinete jurídico del PSOE está estudiando todo el proceso final de la adjudicación a Aqualia y “en cuanto vean un resquicio legal, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que Diego Ortega no se salga con la suya, porque se ve claramente que no busca solucionar los problemas de la empresa, ni las deudas porque se incrementan a otros tipos de interés que habrá que pagar a Aqualia”. A su juicio, “la excusa es que quiere tener liquidez para afrontar esas obras que quiere hacer justo antes de las elecciones y desde el PSOE nos oponemos a que esas obras sean la excusa para la venta de Aguas”.
