Cargando...“Están valorando números y no personas”, comentaba indignado el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Alcázar, Jesús Alberca, para manchainformacion.com el pasado viernes, 29 de agosto, fecha en la que la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia remitió la carta al alcalde y al concejal del área solicitando una reunión.
En el escrito explicaban la situación de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y cómo les está afectando a muchos de ellos la subida de tasas, planteándose la posibilidad de renunciar al servicio ante la «imposibilidad» de hacer frente a los pagos. “Hablamos de tasas que suponen una subida entre el 200 y 400% del coste mensual del servicio”. Una subida que desde la plataforma consideran es “injustificable” salvo que “se haya perdido alguna subvención». Puesto que, decía Alberca, «no ha aumentado el número de usuarios con respecto al año anterior, no se han ampliado los servicios e incluso se han reducido las horas de prestación». La plataforma considera que «no se están dando cuenta que estas subidas y el efecto retroactivo, aunque sea legal, no es justo. Es una muestra de insensibilidad con los más necesitados y un atraco. No se puede hacer negocio con los más débiles. Nos parece un disparate que se suban las tasas de esta forma, cuando las pensiones están congeladas al 0,25%”.
De los 300 usuarios que en la actualidad reciben ayuda a domicilio, 250 se han visto afectados por la subida de las tasas. De éstos, un porcentaje mayor pagarán entre 20 y 50 euros y el resto 80. Muchos de ellos han presentando sus quejas en Servicios Sociales y algunos se plantean renunciar al servicio, supliéndolo con la contratación, por horas y a menor precio, de un particular, “fomentando la economía sumergida”, aseguraba Alberca.
La alcazareña Ana Cecilia Brenes conoce de cerca uno de estos casos, el de una señora de 81 años que es cuidadora de su marido dependiente –con un grado mínimo, por lo que no percibe ningún tipo de pensión complementaria- de 85 y usuario del servicio. Han pasado de tener que pagar 20 euros al mes a 80 (160 euros si se acogen al pago propuesto por el Consistorio). Según Ana, la salud de la cuidadora ha empeorado y no se le ha hecho ninguna valoración. La anciana está en tratamiento psicológico por su tendencia depresiva y no tiene ningún familiar en la localidad que los atienda, todos sus hijos residen fuera de Alcázar. Viven con la pensión del marido, que no llega a los 600 euros. Ambos necesitan que se controle su medicación y su vivienda no reúne las condiciones de habitabilidad deseables. Tienen concedidas 6 horas de ayuda a domicilio a la semana, de lunes a sábado, que se reparten entre media hora de aseo diario, dos horas de limpieza semanales y una hora a la semana para realizar la compra. Ana considera que “son insuficientes” y que el caso particular “debería valorarse, porque no sé hasta qué punto la mujer no es también dependiente, por su edad y su estado de salud. Ya no se trata de si pueden o no pagar los recibos, se trata de cómo se está aplicando la Ley de Dependencia y que no todos los casos son iguales”.
Si bien es cierto que las tasas se aplican en función del nivel de rentas y que hay usuarios que están exentos del pago de la ayuda a domicilio y que no todos pagarán 80 euros mensuales, como expresaba Ana «no todos necesitan el mismo tipo de ayuda» según su grado de dependencia o discapacidad. “Esto es lo que queremos que se tenga en cuenta”, comentaba el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. “Hay personas que tienen un grado mínimo de dependencia, que se pueden valer por sí mismas y no tienen otro tipo de gastos derivados. Otras, sin embargo, apenas tienen movilidad y requieren de mayor atención o tienen que hacer frente a gastos adicionales, como la adquisición de una silla de ruedas, una cama adaptada, etc., con lo que es imposible que puedan hacer frente a estas tasas que nos parecen abusivas. Más aún cuando sus pensiones no superan los 300 ó 400 euros. Si tienen que pagar recibos mensuales de 80 euros, o de 160 durante 6 meses, ¿con qué comen?”.
Un caso real que ilustra esta opinión es el de un señor mayor, con una pensión de 400 euros, usuario del servicio de ayuda a domicilio, que vive solo y al que, recientemente, le han tenido que cortar una pierna debido a la diabetes que padece. Tiene valorado un grado mínimo de dependencia, reducido en la última valoración. Ahora tiene que adquirir una silla de ruedas para poder manejarse debido a su nueva situación. Sus gastos han aumentado y también su necesidad de ayuda.
Los casos ejemplificados no son aislados, hay un «alto número» de usuarios de este servicio que se encuentran en situaciones similares, con rentas entre 300 y 400 euros que no los eximen del pago y otros gastos a los que hacer frente, como explicaba Jesús Alberca. “Usuarios que no podrán pagar y renunciarán a la ayuda, pero que seguirán estando obligados a abonar los recibos atrasados, con subida, generados desde el mes de enero. Si no lo hacen, se les irán sumando recargos, hasta que tengan que embargarlos o generen una obligación de pago de 2.000 euros, porque la Agencia Tributaria, lógicamente, sólo mira números”.
REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE ASUNTOS SOCIALES
La respuesta a la Plataforma de la Dependencia, por parte de Javier Jiménez, concejal de Asuntos Sociales, no se ha hecho esperar y este mismo lunes, 1 de septiembre, ha mantenido una reunión con sus representantes. En ella, se ha comprometido a revisar, uno a uno, los expedientes de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio que ya han presentado sus quejas, por si se hubiera producido algún error de baremación; puesto que las tasas vienen impuestas por la Junta de Comunidades y no pueden modificarse. De haber errores, se realizará la rectificación oportuna. En caso que no sea así y la baremación resulte correcta, también ha adquirido el concejal el compromiso de “negociar un plan de pagos” adaptado a las circunstancias económicas particulares de cada usuario.
En este sentido, desde la plataforma insisten en “no estar de acuerdo” con la retroactividad en la aplicación de las nuevas tasas, porque consideran que “pueden incurrir en ilegalidad”; aunque desde el equipo de Gobierno insisten en su carácter legal. Tampoco consideran que sean “justos” los criterios aplicados en la valoración, que tienen en cuenta el patrimonio de los usuarios, no su nivel real de renta.
«DESPROTECCIÓN»
Alberca denunció también a este medio la “desprotección” a la que se está llevando a los dependientes con las medidas que se están tomando desde el Gobierno de Castilla La Mancha; entre ellas las valoraciones de oficio, que la Plataforma de la Dependencia ha denunciado en los juzgados. Ya existen sentencias que las consideran “contrarias a derecho”, puesto que estas revisiones sólo deben realizarse cuando el dependiente experimente una mejora o empeoramiento de su situación. “Estas valoraciones se están haciendo con la idea de partida de reducir el grado”, aseguró el portavoz de la plataforma alcazareña.
Junto a las valoraciones recordó que se habían quitado las ayudas al familiar-cuidador y se estaban reduciendo otro tipo de servicios. “Hay personas mayores y dependientes que necesitan cuidados las 24 horas del día, 365 días al año. Casos de familiares que han tenido que dejar su trabajo para hacerse cargo, con lo que esto supone para la economía familiar. Se olvidan que la Ley de Dependencia se hizo en 2006 para facilitar que los dependientes pudieran vivir en su entorno familiar, sin tener que ser llevados a residencias. Ahora dicen que es obligación de los hijos el hacerse cargo pero están consiguiendo el efecto contrario. Cada vez hay más personas mayores en residencias porque la economía y la falta de ayudas no permite a los hijos tenerlos en casa. Se quieren cargar la ley porque los dependientes ‘salen caros’ y no se acuerdan que, durante años, han estado cotizando por su trabajo y que tienen unos derechos que el Estado debe preservar, no dejarlos desprotegidos porque son invisibles”.
