Cargando...El concejal de Asuntos Jurídicos, Mariano Ormeño, acompañado por el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Puente, ha realizado una valoración de los últimos acontecimientos ocurridos a cuenta del cambio de gestión de la empresa Aguas de Alcázar. El edil ha valorado la manifestación del pasado domingo como una manera de ocultar las vergüenzas que se están destapando en el juzgado de Alcázar.
Una afirmación que ha extendido al resto de acciones que se llevan realizado por parte de la Plataforma en los últimos meses. Ormeño considera que este movimiento social es una maniobra por parte del Partido Socialista, principalmente, para desviar la atención de la opinión pública del asunto que es realmente importante: que Aguas de Alcázar, durante el mandato de la anterior corporación, era el instrumento para realizar una supuesta doble facturación. “Durante muchos años, Aguas de Alcázar no se dedicó sólo a gestionar el ciclo integral del agua, sino que se convirtió en una constructora que servía para camuflar gastos y obtener financiación fuera de los controles administrativos”.
El concejal ha hablado de un total de 52 expedientes irregulares los que están siendo investigados en el juzgado. “Esos son los que existen, porque ha habido una época en Alcázar de San Juan en los muchos contratos se hacían verbalmente y sólo existen facturas como justificación del gasto. Además, hemos tenido muchas dificultades para presentar todos los documentos requeridos por la justicia ya que muchos no estaban ordenados correctamente en los archivos”, ha comentado.
Ormeño ha aportado como prueba un caso concreto de una obra realizada en el parque Cervantes que tiene dos expedientes iguales lo único que se diferencias es el año (el primero es del 2007 y otro del 2008) y que el primero está firmado por un técnico del Ayuntamiento y el segundo por uno externo. “Esto demuestra que esta obra se pagó dos veces, ya que la cantidad facturada es exactamente la misma”. En este sentido, Ormeño ha expresado que al equipo de Gobierno les gustaría que desde la Plataforma se interesarán por estos expedientes y que preguntaran por qué se han pagado cosas dos veces.
Sobre la petición de la plataforma de remunicipalización del servicio, Ormeño ha manifestado que ellos van a presentar una moción para que la Diputación inicie los expedientes para que los servicios de aguas de los pueblos gobernados por el Partido Socialista y que lo tienen privatizado vuelva a ser público, además la petición se extenderá a los 35 pueblos en los que la propia Diputación firmó, “curiosamente”, un contrato con Aqualia para abastecerlos. Ormeño además puso en duda el poder de convocatoria de la manifestación, ya que según los datos de la Policía Municipal, esta no superó los 500 participantes.
También ha destacado la normalidad con la que se está llevando a cabo el cambio de gestión de la empresa Aguas de Alcázar, síntoma de ello es la petición, según Ormeño, de los funcionarios que trabajan en la empresa de quedarse en ella después del cambio. Otro punto importante es que se ha logrado salvaguardarla sin que le cueste un céntimo a los ciudadanos. “Ha día de hoy FCC Aqualia a aportado unos 9,5 millones de euros que servirá para que los problemas financieros que arrastraba Aguas de Alcázar no tenga ningún coste en los vecinos”.
