Aquellas alternativas compartidas entre grupos ecologistas e IU de Castilla-La Mancha, eran propuestas tendentes a ofrecer una mejor vertebración del territorio, mejorar la seguridad vial y la comunicación, respetando el medio ambiente, y sobre todo un proyecto mucho más económico.
La propuesta incluía diversas actuaciones, como la variante de Fuente el Fresno, y una Autovía o vía rápida entre Daimiel y Puerto Lápice como primer paso a la Autovía Trans-Manchenga, que uniera Ciudad Real y Cuenca mediante la interconexión con otras vías de alta capacidad.
La propuesta defendida por Cospedal y el PP parecía más tendente a facilitar el rescate de la AP-41, una autopista quebrada y que habrá que rescatar con dinero público, que a la necesidad de plantear una mejora de las comunicaciones internas de la región.
Ésta decisión judicial, es un nuevo varapalo al Gobierno de Cospedal, certificando su absoluta incapacidad política para gestionar adecuadamente los intereses de la sociedad de Castilla-La Mancha.
