La cantidad, a la que hay que sumar los intereses devengados y el pago de las costas por parte de la Cooperativa, podría superar el millón de euros.
Esta sentencia, según ha informado el despacho de abogados Indo-Iuris, que ha llevado la defensa de Ortiz Gil, puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, en primer lugar, y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo, al superarse la cantidad los 600.000 euros.
La resolución de este caso ha permanecido paralizada durante 11 años, después de que la cooperativa presentara una querella por estafa y falsificación de documentos contra Ortiz Gil, cargos de los fue absuelto por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.
La reclamación civil se presentó en enero de 2005, después de que el empresario presentará una reclamación judicial al no haber llegado a un acuerdo extrajudicial con la cooperativa para cobrar las facturas que tenía pendientes de los años 1998 a 2004.
Ante los posibles recursos que se puedan presentar por las partes a la sentencia del Juzgado de Tomelloso, fuentes del despacho de abogados han señalado a Europa Press que se va a pedir la ejecución provisional de la sentencia, lo que, de aceptarse, obligaría a la cooperativa a abonar los 671.000 euros, quedando pendiente los intereses y el abono de las costas.
