Cargando...La primera moción registrada pide al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que proceda a modificar la política de restricción al empleo público estable y de calidad que los servicios a la ciudadanía demandan, procediendo a eliminar la tasa de reposición de efectivos que está lastrando y precarizando la función pública.
Desde que se aprobara el Real Decreto Ley de 2011 y las sucesivas leyes de presupuestos Generales del Estado, imponiendo la limitación al empleo público, «se han perdido alrededor de 8 plazas en el Ayuntamiento de Socuéllamos, además de limitar la creación de otros puestos necesarios para el buen funcionamiento del mismo, entre plazas amortizadas y plazas vacantes no cubiertas. El aumento de la temporalidad, la privatización de servicios o su disminución son las consecuencias de este proceso de destrucción de empleo público estable».
Otra moción registrada pide que las entidades locales puedan reinvertir su superávit, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria. «La mayor parte de los ayuntamientos son la única administración con superávit, están saneados y cumplen sus objetivos, pero no pueden invertir ese ahorro».
La tercera moción registrada solicita la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones que lleve a cabo el Ayuntamiento, solicitando a los servicios técnicos municipales el estudio y redacción de cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental que puedan incluirse en los pliegos de contratación del Ayuntamiento; considerando cláusulas sociales las que incorporen referencias, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el fomento del empleo de personas en situación de exclusión social, el fomento de la estabilidad en el empleo, la inserción laboral de personas con discapacidad, la accesibilidad, la seguridad y salud laboral, el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas, y la inclusión de requerimientos medioambientales, con el compromiso del Ayuntamiento de aplicar dichas cláusulas sociales en los nuevos pliegos de contratación, y que no se prorroguen los contratos vigentes, redactando cuando expiren un nuevo pliego incorporando dichas cláusulas.
