Según el escrito de acusación de la Fiscalía, que recoge Europa Press, en fecha 17 de mayo de 2016 se detectó en el almacén de la compañía de mensajería Cacesa, sita en el centro de carga aérea del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de Madrid, un envió procedente de República dominicana del cual se extrajo una muestra que dio positivo a sustancias estupefacientes.
En el paquete interceptado aparecía el acusado como destinatario así como su dirección sita en la localidad de Torrijos, también constaba el número de teléfono móvil perteneciente al acusado.
El Juzgado de instrucción número 39 de Madrid acordó la entrega vigilada del referido paquete, la cual se produjo el día 23 de mayo de 2016, por un agente de la Guardia civil vestido con ropa de le empresa encargada del paquete.
Una vez en el domicilio del acusado éste manifiesta al agente que el paquete es para él, entregando incluso su permiso de residencia para identificarse, por lo que se procede a la entrega del paquete al acusado el, cual firma el parte de entrega y recibe el mencionado paquete.
El paquete recogido por el acusado contenía un total de 76,43 gramos de una sustancia que tras el análisis pertinente resultó ser cocaína con una pureza del 48,90%, sustancia que el acusado adquirió con animó ilícito de distribuirla a terceras personas.
En fecha 23 de mayo de 2016, y previamente autorizada por el Juzgado de instrucción número 2 de Torrijos, se practica la entrada y registro en el domicilio del acusado, donde se incauta varios recortes de bolsas de plástico preparadas para la distribución de sustancias estupefacientes así como rollo de cita para embalaje.
Conforme al listado de precios y purezas de las drogas en el mercado ilícito que elabora la Oficina Central Nacional de Estupefacientes de la Comisaría General de la Policía Judicial, el valor de la droga incautada ascendería a 5.524,68 euros.
Los hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de drogas que causan grave daño a la salud. De ahí que solicite imponer al acusado la pena de cuatro años y seis meses de prisión accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 16.574,04 euros, con una responsabilidad subsidiaria de dos meses de prisión para el caso de impago.
