Cargando...La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha afirmado que “es necesario frenar el déficit tarifario para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional”. Así lo ha defendido en su intervención con motivo del debate parlamentario sobre el Real Decreto-Ley 1/2012 del Gobierno nacional relativo a la suspensión temporal de las primas a la producción de energía eléctrica renovable. A su juicio, este Real Decreto-Ley tiene por objeto “garantizar la eficiencia y sostenimiento de este sector.”
La titular de Fomento ha respaldado esta medida, que pretende acabar con el déficit tarifario con el que se ha encontrado el actual Gobierno de España y que ascendía a 24.000 millones de euros a finales del año 2011 y “cuya tasa anual de crecimiento estaba en torno a los 4.000 millones de euros al año. Esta supresión permitirá aminorar el gasto público, que es una cuestión esencial y obligada”, ha resaltado Marta García.
“El déficit tarifario se genera con el Gobierno socialista de España a partir del año 2004, que toma conciencia del problema, pero que, pese a las medidas adoptadas, se incrementa hasta llegar a los 24.000 millones con los que se encuentra el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy”, ha explicado Marta García.
Así, ha proseguido la titular de Fomento, “ha sido el actual Gobierno nacional quien ha tenido que emprender medidas para solucionar el problema, dado que el anterior Gobierno socialista no fue capaz de atajar el déficit tarifario, que constituye una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y, en particular, para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables”.
Por otro lado, Marta García ha recordado que “España es el tercer país de la Unión Europea donde el consumidor tiene que pagar más por su factura de la luz, y el quinto cuyo coste energético es el más caro para los consumidores industriales”, lo que a su juicio “limita la competitividad de nuestro sector empresarial”.
No efectos retroactivos
Este Real Decreto Ley supone, según ha explicado Marta García, mantener la seguridad jurídica en los sectores involucrados del sector energético, al no tener efectos retroactivos, o lo que es lo mismo, al no tener efecto sobre las instalaciones existentes o sobre aquellas que ya están inscritas en el Registro de pre-asignación de retribución.
García de la Calzada ha explicado que el Gobierno nacional ha dado facilidades al sector, para replantear los proyectos ante el nuevo escenario, ya que establece que aquellas instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el pre-registro en el momento de entrada en vigor de la norma tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de pre-asignación, “en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados”.
En referencia a Castilla-La Mancha, la consejera ha informado de que antes de la entrada en vigor de la referida norma, desde la Consejería de Fomento, “se estaban tramitando 500 expedientes de autorización y únicamente se han solicitado 26 devoluciones de avales depositados para las instalaciones de Régimen Especial que estuvieran inscritas y no fueran a ejecutarse, según lo establecido en la Disposición Adicional Única del Real Decreto-Ley, lo que supone un 5,2 por ciento”.
Un mix energético equilibrado
En otro orden de cosas, la titular de Fomento ha subrayado que hasta la fecha los anteriores gobiernos de Castilla-La Mancha “no han sido capaces de instrumentar un plan que tenga en consideración el mix energético”.
En este sentido, ha recordado que el único plan que ha visto la luz con gobiernos socialistas fue el Plan eólico, en mayo del año 2011, con el horizonte del año 2014, lo que impedía una visión estratégica, a la vez que “impulsaba una única energía y despreciaba o dejaba de lado el resto de las existentes”.
Por este motivo, la consejera ha puesto en valor el trabajo que se está realizando desde el Gobierno regional para que Castilla-La Mancha cuente con un Plan Energético que establezca las líneas básicas de la política energética horizonte 2020, para “abordar las necesidades energéticas específicas y adecuar sus requerimientos y directrices al ámbito nacional y comunitario, suponiendo la primera estrategia energética integral para esta región”.
