El alcalde de Membrilla (Ciudad Real), Manuel Borja, ha confiado en poder demostrar su «inocencia» respecto al presunto delito de medio ambiente del que la Fiscalía de Ciudad Real le acusa tanto a él como al exalcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, ambos del PP, así como para sus concejales de Medio Ambiente, Trinidad Alcaide y Manuel Martín-Gaitero, por los vertidos de dos cooperativas al río Azuer.
Borja ha recordado que «quien causó el vertido fue la cooperativa y sus responsables, que lo podrían haber evitado», ya que, ha afirmado, desde el Ayuntamiento se habría advertido tanto verbalmente como por escrito a dicha cooperativa para que adoptara las medidas requeridas por Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sin llegar a frenar la actividad de la campaña para evitar un perjuicio para los socios y la propia Cooperativa, según ha informado el Ayuntamiento de Membrilla en nota de prensa.
El alcalde ha declarado que «se adoptaron todas aquellas medidas» que, dentro de sus posibilidades, podrían impedir que, una vez que se tuvo conocimiento del alcance de esos vertidos, estos pudieran continuar. Así, con fecha 10 de octubre de 2014 se acordó la prohibición de vertidos a la red general de alcantarillado a la Cooperativa.
El regidor ha añadido que, a pesar de haber alertado de la necesidad de controlar los vertidos, sus peticiones fueron «ignoradas» y ha defendido que cuando se tuvo conocimiento de la importancia de esos vertidos, estos ya se habían producido y se reaccionó acordando la prohibición de vertidos a la red.
Por otro lado, el alcalde ha lamentado que no se hayan seguido las recomendaciones del Ayuntamiento, ya que se hubiera evitado la contaminación, no se hubiera llegado a la situación actual ni a poner en peligro a la propia cooperativa.
«Durante estos ocho años he trabajado por mi pueblo, he defendido los intereses de todos los membrillatos y me han preocupado sus problemas, he estado dispuesto a ayudar a los que me necesitaban y he sido el primero en defender a la empresa más importante de Membrilla: la cooperativa», ha señalado.
En concreto, y según el escrito en el que la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral y al que ha tenido acceso Europa Press, se pide una pena de dos años y medio de cárcel para los cuatro representantes del PP por unos hechos ocurrido entre mediados de 2013 y 2014.
El fiscal considera probado que los alcaldes y concejales acusados «permitieron y consintieron» los vertidos de dos cooperativas, a pesar de que ellos eran los «máximos responsables» de «controlar y regular», sino que dejaron que se incorporaran a la red de saneamiento de sus municipios vertidos industriales sin pretratamiento, «por tanto con una alta carga contaminante», y, además, «una especial gravedad e incidencia en la calidad del medio receptor».
Asimismo, la Fiscalía considera que los responsables municipales del PP no cumplieron con sus funciones y, además, destaca que esta permisividad con los vertidos al río Azuer es especialmente grave puesto que va al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
