El Proyecto Social Almida y la Asociación de Empresas de Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (EINSO) han trasladado a Carmen Fúnez, candidata al Congreso por Ciudad Real, las principales necesidades y reivindicaciones de las empresas de inclusión laboral de personas con discapacidad (EIDIS).
El encuentro institucional, celebrado en Alcázar de San Juan, ha servido para analizar los principales desafíos que afronta este sector, anteriormente integrado por los denominados Centros Especiales de Empleo (CEE), tras su nueva regulación en la Ley 4/2026.

Durante la reunión, ambas entidades expusieron dos cuestiones que consideran fundamentales para garantizar la continuidad y el funcionamiento de estas empresas: la necesidad de facilitar los itinerarios laborales entre el empleo protegido y el ordinario y las dificultades que plantea la aplicación de la normativa de protección de datos en el ámbito de la discapacidad.
Facilitar el tránsito entre el empleo protegido y el ordinario
Uno de los asuntos centrales fue la necesidad de establecer mecanismos que permitan a los trabajadores pasar de las empresas de inclusión laboral a las empresas ordinarias, pero también realizar el recorrido inverso cuando las circunstancias personales o de salud lo requieran.
Almida y EINSO pusieron especialmente el foco en los casos de trabajadores que, durante su trayectoria profesional, desarrollan enfermedades degenerativas que pueden dificultar su continuidad en el mercado laboral ordinario.
Ante estas situaciones, las entidades consideran necesario disponer de medidas de apoyo flexibles que permitan regresar al empleo protegido, evitando situaciones de desprotección y garantizando la estabilidad laboral de las personas afectadas.
Protección de datos y adaptación de los puestos de trabajo
El segundo bloque de reivindicaciones estuvo relacionado con las dificultades que genera la normativa de protección de datos en la gestión laboral de las personas con discapacidad.
Las entidades señalaron que la información disponible sobre el grado de discapacidad no siempre permite conocer las necesidades funcionales de cada trabajador, una circunstancia que complica la labor de las unidades de apoyo, la prevención de riesgos laborales y la adaptación de los puestos de trabajo.
En este sentido, reclamaron un sistema que permita disponer de información funcional sobre las capacidades, limitaciones y necesidades de apoyo de cada empleado, sin comprometer su derecho a la intimidad ni acceder a datos clínicos innecesarios.
La propuesta pasa por desarrollar un instrumento normalizado que facilite a las empresas realizar las adaptaciones necesarias y cumplir adecuadamente sus funciones de integración sociolaboral, respetando al mismo tiempo la normativa de protección de datos.
Carmen Fúnez se compromete a estudiar las propuestas
Tras el encuentro, el Proyecto Social Almida y EINSO valoraron positivamente la reunión y la receptividad mostrada por Carmen Fúnez ante las demandas planteadas.
Según trasladaron ambas organizaciones, la candidata al Congreso adquirió el compromiso de estudiar estas propuestas y trabajar en posibles soluciones normativas y operativas de cara al próximo Gobierno.
Las entidades consideran que avanzar en estas medidas resulta fundamental para garantizar la viabilidad de las empresas de inclusión laboral y reforzar su papel en la economía social, así como para favorecer la igualdad de oportunidades y la integración laboral de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha y en el conjunto de España.









































































