Las organizaciones sindicales SPL-CLM, FSEP-UGT y CSIF han expresado públicamente su malestar por la forma en la que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha aprobado el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Policía Local, un texto que, según denuncian, se ha tramitado “sin conocimiento previo de los trabajadores ni de los sindicatos”, lo que califican como una «falta total de transparencia».
Dicho reglamento que regula derechos laborales «no ha sido objeto de negociación previa con la representación sindical, lo que supone una imposición unilateral por parte del Ayuntamiento y una vulneración del principio de negociación colectiva reconocida legalmente», señalan en una nota.
Esta actuación «generó una profunda preocupación entre los representantes de los trabajadores», que manifestaron su «rechazo rotundo» a este procedimiento. En el seno de la Policía Local «no se comprende la supuesta urgencia de aprobar un nuevo reglamento que, además, derogaría el actualmente aún vigente, sin el consenso necesario», expresan.
Los sindicatos han presentado diversas alegaciones al texto aprobado, cuyas respuestas todavía no han sido emitidas por parte del Ayuntamiento. «Lo que ya fue un grave error en la aprobación inicial —al incluir derechos laborales no negociados— se agrava ahora con la convocatoria de Mesas de Negociación que pretenden validar una negociación ficticia», añaden.
El Ayuntamiento «presiona a estos sindicatos para que retiren sus alegaciones, parece que no quieren resolverlas. Desde SPL-CLM, FSEP-UGT y CSIF reiteramos nuestra voluntad de diálogo y nuestra disposición a llevar a cabo una verdadera negociación desde cero, con la participación activa de los trabajadores y sus representantes sindicales», defienden.
Para ello, «resulta imprescindible la retirada del reglamento inicialmente aprobado y el inicio de un proceso negociador legítimo, transparente y conforme a la normativa vigente», finalizan. «Los sindicatos, actuando de buena fe y en defensa de los derechos de los trabajadores afectados, esperan que el Ayuntamiento rectifique y evite la judicialización innecesaria de un conflicto que podría resolverse mediante el respeto al marco legal y al diálogo social».
