La Plataforma “Acuífero 23 sin macrogranjas” de Alcázar y comarca ha informado sobre la respuesta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real nº 2, por la que se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad agroganadera que pretende construir en el término municipal una macrogranja, frente a la resolución de fecha 10 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, donde se declaraba la incompatibilidad de dicho proyecto, indicándole al Ayuntamiento que no existe incompatibilidad urbanística y pidiéndole la continuidad del procedimiento.
Ante esta nueva circunstancia y tras conocer dicha respuesta, la plataforma manifiesta un no rotundo a la creación de este proyecto ganadero y pone en conocimiento del pueblo de Alcázar los riesgos que conlleva para la salud y el medio ambiente, «pues nuestra población se abastece de las aguas del Acuífero 23, donde se pretende ubicar esta explotación porcina».
Ante esta nueva situación, La Plataforma expone el siguiente argumentario:
Castilla-La Mancha es una de las regiones más codiciadas por el sector porcino para instalar macrogranjas y las localidades de Manzanares y Alcázar de San Juan continúan bajo esa amenaza. Recientemente en la localidad de Daimiel se ha acordado por unanimidad prohibir la instalación de macrogranjas y sería conveniente que la norma se extendiera por el resto de municipios que se asientan sobre el acuífero 23.
La instalación de macrogranjas sigue creciendo impulsada por las administraciones, a pesar de los purines, los gases contaminantes y nitratos. Reclamamos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una moratoria de estos proyectos hasta que se evalúe el impacto que están provocando las instalaciones actuales y se legisle para proteger el suelo, el agua y la salud de las personas. Creemos que nuestra región está saturada y no se deben autorizar más macrogranjas.
Un cerdo puede producir más desechos orgánicos que un ser humano, los denominados purines, que no solo son un problema de mal olor y moscas en la zona, también emiten metano, amoniaco y otros gases de efecto invernadero. Por este motivo, las macrogranjas tienen la obligación de estar dadas de alta en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes.
La cantidad de excrementos que genera una macrogranja supera la capacidad que pueden absorber los terrenos agrícolas alrededor de la explotación, creando un problema de contaminación por nitratos de los suelos y de las aguas subterráneas. Además, un cerdo consume unos 12 litros diarios de agua, a lo que habría que añadir la necesaria para limpiar periódicamente las instalaciones.
La mayor parte del territorio que se asienta sobre el acuífero 23 es zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos, que viene a ser un problema añadido a la sobreexplotación del acuífero que ve diezmada sus reservas año tras año.
Se necesitan acciones valientes por parte de los responsables políticos a nivel autonómico y local para proteger el futuro de nuestras tierras, de nuestros ríos, de nuestras aguas subterráneas y la salud de las personas que viven en nuestros pueblos. Y la gente tiene que estar ahí para exigir ese compromiso a las administraciones.
