Cargando...Así lo contaba el portavoz de este colectivo ciudadano, Juan Garrido, diciendo que “desde la Plataforma haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que Aguas de Alcázar siga siendo 100% pública”.
Por otra parte, insistieron en que seguirán acudiendo a los plenos municipales y trasladarán al Equipo de Gobierno un listado de preguntas para que “nos expliquen dónde están las ventajas de la venta de Aguas”. Entre los interrogantes que formulan desde la Plataforma están ¿por qué se le dará a la empresa privada el 10% de la facturación por su ‘saber hacer’, cuando en otras localidades, en la que la gestión del agua es mixta, se les está dando entre un 3 y un 6%?; ¿por qué no explican a los ciudadanos que se encarecerá el servicio de alcantarillado un 10%?; ¿por qué no explican a las empresas de la comarca -actuales proveedores de ‘Aguas de Alcázar’- que al suspenderse los concursos públicos será la nueva empresa gestora la que, a través de sus empresas auxiliares, proveerá el material necesario?, etc. .
“Desde la plataforma hemos intentado dialogar con alcalde y concejales y que nos respondan a estas y otras cuestiones. No hemos obtenido respuesta. Por eso seguiremos preguntando. Sin tan seguros están que la privatización de Aguas será tan beneficiosa, ¿por qué no saben contestarnos?” -comentaba Garrido, quien apuntó que “sospechamos que no nos están contando toda la verdad”.
Garrido respondió también a las acusaciones y calificativos que, desde el PP local, están lanzando contra los miembros de la plataforma -acusándoles de mentirosos y portadores de malas noticias. “No nos estamos inventando nada. Los datos que manejamos son los que se han publicado en la memoria y en los pliegos. Es el Equipo de Gobierno el que no está escuchando al pueblo que no quiere que Aguas se privatice, como lo demostraron manifestándose en la calle y con las más de 10.000 firmas reales, de personas consecuentes y responsables, que sabían lo que estaban firmando”.
En cuanto a la suspensión de las medidas cautelares que paralizaron el proceso de cambio de gestión, desde la Plataforma manifiestan que «nos ha dado tiempo para organizarnos mejor y preparar nuestro recurso. El PSOE no recurrió contra la memoria, sino contra cuestiones formales, porque pensaban que se habían violado sus derechos constitucionales”.
