Cargando...El alcalde de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Diego Ortega, ha reiterado este viernes que Aguas de Alcázar “seguirá siendo una empresa bajo el control del Ayuntamiento”, pese al cambio de modelo de gestión aprobado en el Pleno, donde por mayoría se ha decidido que Aqualia sea la empresa que, junto con el Consistorio, forme parte de la sociedad mixta en la que se va a convertir la gestión del ciclo hidráulico en la ciudad.
Ortega ha vuelto a insistir en que el nuevo modelo de gestión “va a mejorar la calidad de su servicio, cuyo control seguirá dependiendo del Ayuntamiento, que no subirá las tarifas a los ciudadanos, ya que serán fijadas por el Pleno, y que se mantendrán todos los puestos de trabajo”. Se trata, además, de un modelo que está presente en la gestión del agua de un gran número de municipios de toda España y varias decenas en la provincia de Ciudad Real.
En este sentido, Ortega ha destacado “la incoherencia” del PSOE, que se ha posicionado contrario a un modelo de gestión que este mismo partido aplica en ayuntamientos importantes, como los de Toledo, Puertollano o Valdepeñas. Además, la Diputación Provincial, cuyo vicepresidente es el ex alcalde de Alcázar, José Fernando Sánchez Bódalo, “multado e imputado por su responsabilidad en la quiebra de CCM, tiene encomendada la gestión del agua de más de una treintena de municipios a una empresa privada”.
Para el equipo de Gobierno, la actitud de los socialistas en este asunto “es, además, irresponsable, dado que están instigando a los ciudadanos para salir a las calles e incluso ocupar el edificio del Ayuntamiento, generando una crispación totalmente injustificada, dado que todo se está haciendo desde la legalidad y desde la responsabilidad de una Corporación que debe solucionar los problemas con los que se encontró, heredados de los anteriores gobernantes”.
En este punto, ha recordado que la situación de Aguas de Alcázar en la actualidad es de “quiebra, dado que arrastra una deuda de más de ocho millones de euros debido a obras realizadas por la anterior Corporación socialista sin procedimiento, sin legalidad y adjudicadas a dedo. La mayoría de esas obras han beneficiado a empresas privadas y a particulares, por lo que todo ello está en estos momentos en los tribunales, y por este caso el ex alcalde y otros anteriores gestores del Consistorio y de Aguas de Alcázar están imputados judicialmente”.
La búsqueda de capital privado se ha presentado como “la única opción posible, dado que si no se hubiera hecho nada, legalmente habría que disolver la empresa en los próximos meses”.
Por todo ello, el alcalde alcazareño ha vuelto a pedir al PSOE “responsabilidad y que dejen de utilizar este tema como forma de ganar en las calles, con manifestaciones, encierros e insultos, lo que perdieron en las urnas en las últimas elecciones municipales”. Asimismo, ha considerado “una burla que quienes hicieron de Aguas de Alcázar una empresa constructora al margen de la legalidad y llevándola a la ruina se presenten ahora como sus salvadores”. Con el nuevo modelo de gestión, Aguas de Alcázar “volverá a ser lo que nunca debió dejar de ser: una empresa dedicada al ciclo hidráulico y al beneficio público”.
