Según informa El Digital, Sánchez Bódalo “habría conculcado el artículo 23 de la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana” y el mencionado expediente debe estar resuelto y notificado en un plazo de seis meses. Dos personas más están en esta misma situación.
Las mismas fuentes señalan que el expediente surge por los hechos ocurridos el 18 de febrero cuando al finalizar el pleno municipal, concejales del Grupo Socialista pidieron el uso de estancias del Ayuntamiento para informar a los vecinos “sobre la privatización”, una solicitud que el alcalde desautorizó al entender que los grupos pueden hacer este tipo de acciones en sus propias dependencias municipales.
Este medio de comunicación continúa indicando que “desde allí se convocó a la Plataforma contra la Privatización de Agua y varias personas se fueron sumando a la llamada, instalándose en el ayuntamiento y negándose a desalojar cuando así lo requirió la Policía Municipal”. Muchos de los encerrados depusieron su actitud y salieron, pero se mantuvieron 23 personas, entre ellas, José Fernando Sánchez Bódalo, quien “estorbó la labor policial, ya que según datos que constan en el expediente, actuó para abrir las hojas de la puerta de entrada e incluso llegó a increpar a los policías municipales”. Asimismo, le acusan de “ser el convocante de la cacerolada”.
