Así respondía Labrador a una pregunta al respecto del anuncio de la Plataforma de hacer esa consulta popular entre los días 20 y 23 de marzo y después de que el pleno del Ayuntamiento decidiera por mayoría que no se convocara ese referéndum.
El delegado insistió en que la Plataforma, como asociación o grupo de personas, no tiene competencia legal para realizar la consulta, aunque matizó que sí están dentro de la legalidad las manifestaciones que convoca esta entidad en contra de la privatización del agua en Alcázar. En este sentido, subrayó que la Delegación del Gobierno “velará porque este derecho se ejercite en las mejores condiciones como siempre”.
Preguntado por el inicio de un procedimiento sancionador al exalcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez-Bódalo, por ser promotor de las protestas ciudadanas en el municipio, Labrador ha respondido que la ley se aplica «para todas las personas, incluso para Sánchez-Bódalo».
