El mismo día que el portavoz del Gobierno Municipal ha anunciado que se firmará el contrato con Aqualia, para la cesión definitiva de parte de la gestión de ‘Aguas de Alcázar’; el Grupo Municipal Socialista presentará un recurso especial ante el Tribunal de Contratación contra la citada adjudicación, por defectos de forma en el procedimiento. La Secretaria General del PSOE de Alcázar y portavoz municipal, Rosa Melchor, aseguraba que «esto es una buena noticia porque, hasta que se resuelva, automáticamente se paralizará el proceso en pocos días». En cuanto a las declaraciones de Puente que asegura que el citado Tribunal «no es competente para decidir sobre este asunto»; la portavoz socialista asegura que «miente».
También condenó Melchor, en nombre de su partido, las agresiones e incidentes que se han venido produciendo en los últimos días contra miembros del equipo de Gobierno y empleados municipales. La portavoz socialista aseguró que «ese no es el talante del PSOE que apuesta por la Democracia y la convivencia pacífica. Aparte que este tipo de actitudes no aportan nada a una reivindicación justa por impedir la venta de Aguas». Igualmente recordó al alcalde de Alcázar y a los miembros de su equipo de Gobierno que «no tienen igual responsabilidad que los ciudadanos, ya que los gobernantes deben tener la obligación legal de guardar y velar por la convivencia pacífica y dar muestras de ejemplaridad. Diego Ortega debería haber tenido un talante más democrático y sentarse a hablar y a negociar con los vecinos, escucharlos y tratar de llegar a acuerdos; en lugar de tratarles como a delincuentes».
Melchor pidió al alcalde y a los vecinos «tranquilidad» para que pueda desarrollarse con normalidad la consulta ciudadana que en los próximos días llevará a cabo la Plataforma del Agua y que «el PSOE apoya totalmente y sin fisuras». La portavoz socialista hizo un llamamiento a la participación en esta consulta de los vecinos de Alcázar y «a votar por el SI a una gestión pública el Agua cien por cien». Apuntó también que «es una consulta totalmente legal como se hizo con la Sanidad en Madrid o recientemente con la Educación Pública».
