«Es la segunda vez que el PSOE paraliza la venta de Aguas» -remarcaba la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Alcázar, Rosa Melchor- «Desde que se inició el proceso nos comprometimos a hacer lo posible para pararlo y no ha terminado». Melchor insistió en que, además de la paralización fruto del recurso especial que interpuso su grupo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; están pendientes de resolución otros dos recursos más ante este Tribunal y dos contenciosos. Pidió a Diego Ortega, alcalde de Alcázar que, tras el resultado de la consulta ciudadana y esta nueva paralización, «reflexione, escuche a su pueblo, cese a Ángel Puente e impida la venta de Aguas».
Por su parte, la edil socialista Ana Belén Tejado, que ha formado parte de la mesa de contratación de Aguas, explicó el contenido del recurso y los «errores» o «irregularidades» que ha denunciado el PSOE ante el Tribunal de Contratación. «Desde el 4 de marzo, fecha en la que se interpuso el recurso contra la adjudicación provisional de Aguas, se debía haber paralizado automáticamente el proceso y no dar lugar a la adjudicación definitiva y a la firma de contrato», aseguraba Tejado que incidió en que el Tribunal lo ha paralizado para evitar «perjuicios de difícil o imposible reparación».
La edil socialista explicó que, ninguna de las tres empresas que se presentaron al concurso público «podía optar al contrato de gestión de Aguas porque no cumplían con los requisitos establecidos en los pliegos, con lo que el equipo de Gobierno ha actuado de manera ilegal y ha cometido serias irregularidades». Explicó que dos de las empresas concurrentes «no aceptaron la carta de garantías de los trabajadores» y Aqualia -adjudicataria final- «se comprometió a conformar una nueva sociedad de capital que la ley no prevé en el caso de concesión de servicios». Aseguró que «se han ido cambiando las reglas del juego a mitad de la partida y se siguen cambiando, haciendo modificaciones en las condiciones económicas, revisando las tarifas y compensando deuda, primero dos millones de euros y recientemente 500.000». A esto sumó la «falta de transparencia en la valoración técnico-económica de las ofertas» que se realizó por un profesional externo al Ayuntamiento y el compromiso que ha adquirido la nueva sociedad mixta con Aqualia «que deberá devolverle dos millones y medio de euros del préstamo en el primer año, lo que es inviable en una empresa que cuenta con unos 600.000 euros de beneficio anual».
Tejado dijo que, aparte de todo esto, la principal «irregularidad» es la concesión de la gestión a una empresa «distinta de la adjudicataria» (Aqualcázar). «Sin trabajadores, sin recursos técnicos y sin solvencia económica y que no se compromete a cumplir lo prometido por Aqualia, porque es una empresa distinta».
Por último, Tejado comentó también que Aqualcázar «no ha depositado en el Ayuntamiento la fianza de 400.000 euros» que exige la ley en estos casos, porque quien lo hizo fue Aqualia; «con lo que en caso de que existan conflictos no se le pueden pedir responsabilidades». Un último punto contemplado en la documentación que el PSOE ha hecho llegar al Tribunal de Contratación es que «no se cumple el convenio colectivo de los trabajadores», ya que «no se ha negociado con los sindicatos».
