Puente reconoció hoy la mencionada sentencia y también que “es rara”, puesto que el Tribunal Especial de Contratación «aseguró no tener competencias en un caso similar en Soria, en el que también se creó una empresa vehicular distinta a la que se licitó y en Alcázar resuelve otra cosa». Hasta que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento no la valoren, no decidirán el camino a seguir, pero entre las opciones manejan “volver al pleno para modificar las clausulas y adjudicar el 52% de las acciones a Aqualia, o disolver la empresa mixta y empezar de nuevo”. Si esto fuera así, en palabras del portavoz, “el Partido Socialista y la Plataforma del Agua hubieran conseguido su objetivo de quebrar Aguas de Alcázar”.
En el supuesto de que hubiera que disolver la empresa, el servicio volvería al Ayuntamiento que tendría que despedir a los trabajadores y valorar la manera de prestar el mencionado servicio del agua, bien 100% municipal o a través de una concesión totalmente privada, apuntó Ángel Puente.
También habló Puente sobre la declaración de Bódalo por su gestión en Aguas ante el Tribunal de Instrucción número 2 de Alcázar; destacando que «dejó claro, porque lo reconoció ante la juez, que sabía a fecha 31 de diciembre de 2009 que ‘Aguas de Alcázar’ estaba en quiebra fraudulenta y se firmó un papel simulando la deuda a largo plazo. Esto es lo que tendría que explicar a la plataforma, porque es el origen de todo lo que está sucediendo».
