Cargando...Asegurar «el futuro y la viabilidad» de Aguas de Alcázar es el «objetivo» del cambio de gestión. Así volvía a reafirmarlo el concejal del Ciclo Hidráulico, Ángel Montealegre. «El cambio de modelo de gestión no es un capricho, es la forma de dar una solución a la catastrófica situación de quiebra en la que dejaron la empresa los anteriores gestores». Hizo hincapié en que, si no se realizase, «se originarían serios problemas de Tesorería en el Ayuntamiento que lo dejarían hipotecado». Si no se resolviera este asunto, al igual que ya dijo el portavoz del Gobierno municipal, Ángel Puente, Montealegre recordaba que «habría que disolver en el mes de junio Aguas de Alcázar y, por ley, municipalizar el servicio. Los trabajadores tendrían que adaptarse a la realidad del Ayuntamiento y no sabemos si se podrían mantener todos los puestos de trabajo».
También remarcó Montealegre que «el PSOE no se va a salir con la suya y tendrán que dar muchas explicaciones». En este punto, se refirió a la reciente declaración que, en los pasados días, realizaba el anterior alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo, ante la juez de instrucción del juzgado número 2 de Alcázar. «Ha reconocido que en 2009 la empresa de Aguas tenía una deuda que venía de dos años atrás, que se aplazó por recomendaciones técnicas y que, de no haberse aplazado, la empresa se encontraría en situación de quiebra fraudulenta y culpable».
En cuanto a la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por la que se anula la licitación y adjudicación de la gestión del servicio a Aqualcázar; afirmaba el portavoz de CxA que «algo similar no ha pasado nunca».
Mariano Ormeño, como concejal de Servicios Jurídicos, dijo estar analizando el contenido de la resolución (51 folios) que calificó como «bastante complejo» y que resumió asegurando que «lo que hay que corregir son defectos formales de los pliegos de contratación y, una vez hecho esto, la situación se puede subsanar». Se refirió, concretamente, a las claúsulas 9 y 22 relativas a la «solvencia económica y profesional» de la empresa mixta adjudicataria (Aqualcázar) que recordamos es distinta de la que licitó (Aqualia S.A. – Trainasa). El problema, según explicaron Ormeño y Montealegre, radica en que «se daba por entendido» que quien respaldaba esta solvencia era Aqualia, pero que el Tribunal «ha exigido» que la empresa mixta vehicular «acredite también esta solvencia». Para ello habrá que modificar íntegramente los pliegos, volver a llevarlos al pleno, publicarlos en el BOE e iniciar de nuevo el proceso de licitación, al que podrán concurrir nuevas empresas. Un proceso que Montealegre estima puede estar finalizado en torno a tres meses.
«Nosotros estamos defendiendo la modificación de un pliego» -decía Ormeño refiriéndose al actual equipo de Gobierno- «mientras que otros están defendiéndose en los juzgados para evitar la cárcel. Es una situación que no es equiparable». También insistió Ormeño en que «la creación de una sociedad mixta para la gestión de Aguas es totalmente legal. No hemos hecho nada ilegal. Esto también lo reconoce el Tribunal que nos da la facultad de iniciar de nuevo el proceso, una vez corregidos los errores; en aras a la transparencia y la mayor legalidad posible».
