El borrador de la nueva ordenanza sobre la publicidad dinámica se presentará, primero en Comisión de Hacienda y luego en pleno, como un anexo a la normativa sobre publicidad ‘no regulada’ y afectará no sólo a la publicidad con fines comerciales, también a la de naturaleza socio-cultural, política o similar. Una aclaración que, según la oposición socialista, afectará no sólo a las campañas informativas de los diferentes partidos políticos, también a las de las diferentes plataformas y colectivos ciudadanos. «Están aprovechando este anexo para amordazar a los vecinos, atentando contra su libertad de expresión».
La nueva ordenanza afectaría a los vehículos de megafonía, la propaganda manual como las octavillas que se reparten en la vía pública, la publicidad oral como las mesas informativas y la grabación por personas privadas en sitios públicos. «Habrá que solicitar autorización para realizar este tipo de acciones, conseguir una licencia y, en ocasiones, pagar unas tasas», aseguraba Melchor que también catalogaba como «muy grave» el hecho que previamente «se deberá comunicar el contenido del mensaje» que se quiere difundir y el «itinerario» por donde se realizará esta acción de difusión. «Si el mensaje no les gusta, porque discrepa con las ideas del equipo de Gobierno, ¿lo autorizarán?».
La portavoz socialista considera que el borrador de la nueva ordenanza se ha realizado pensando en unos «colectivos muy concretos» a los que «quieren silenciar», pero que afectará a numerosos grupos sociales como ONG´s o asociaciones y a ciudadanos particulares. En este sentido mencionó las mesas de Cáritas y de la lucha contra el cáncer y puso el ejemplo de un ciudadano que quiera grabar un acto, como el pregón de los Moros y Cristianos, con su teléfono móvil. «Y todo porque no quieren que la Plataforma del Agua grave los plenos, ni que se difundan mensajes que al alcalde y a su equipo de Gobierno no les gustan».
También señaló la portavoz socialista que la nueva ordenanza «atenta contra la intimidad de las personas, porque obliga a comunicar, no sólo quién es el responsable de la acción publicitaria, también las personas que se van a encargar, por ejemplo, de realizar un reparto».
Por todos estos motivos consideran que es «inconstitucional» y presentarán enmiendas. Animan a los ciudadanos que se sientan afectados a presentar también sus propias enmiendas y no descartan, en caso que la nueva ordenanza prosperase, emprender acciones judiciales. «Estamos volviendo al pasado más obsoleto de España, al de los años 50. Este tipo de ordenanzas nada tienen que ver con los Gobiernos que debería haber en la actualidad».
