La respuesta mas rápida ha sido de IU, que a través de su eurodiputada Paloma López, presentó ayer ante la comisión europea una pregunta parlamentaria (os la adjunto) dirigida a la Comisión Europea con solicitud de respuesta escrita.
“Tras el desmantelamiento de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha, en beneficio de una empresa privada, han surgido dudas sobre la validez del nuevo método de registro de desempleados.
Según Comisiones Obreras, casi 50.000 parados han sido borrados de la lista, debido al empleo de nuevos cuestionarios por parte de los actuales gestores del servicio”, indica la eurodiputada de IU, que a continuación pregunta:
¿Conoce la Comisión Europea la situación creada en el registro del desempleo en Castilla-La Mancha?
¿Considera que el nuevo método se ajusta a las reglas comunitarias sobre estadísticas nacionales de empleo?
En el ámbito de la correcta fiscalización de la actividad pública, en la que debe inscribirse la colección de estadísticas sobre objetivos de política económica como el empleo, ¿qué recomendaciones ofrece la Comisión para asegurar la independencia y eficiencia en el registro estadístico?
Son ya muchas las personas que se dirigen a las oficinas de empleo a pedir explicaciones y que ya se han visto afectadas por la actuación de esta empresa privada; en función de cuyas decisiones no sólo se maquillan los datos del paro registrado en CLM, sino que también hay personas que pueden perder el acceso a prestaciones o subsidios.
La empresa privada les puede cambiar el tipo de inscripción (por ejemplo, deja de considerar a alguien ‘demandante activo de empleo’), con lo que el afectado pierde la antigüedad acumulada en su anterior registro y deja así de cumplir los requisitos administrativos sobre tiempo requerido en la demanda de empleo para poder solicitar determinadas prestaciones.
Estos cambios también pueden afectar a las personas mayores de 55 años que tengan firmado un convenio con la Seguridad Social, ya que si han sido “reclasificadas” no tendrán el tiempo requerido en búsqueda activa de empleo que exige la seguridad social para acceder a la pensión.
CCOO CLM viene denunciando estos hechos porque no se puede permitir una política que consista en dar un millón de euros a una empresa privada encargada de maquillar las cifras del paro y de dificultar el acceso de los desempleados a prestaciones, y sin embargo se destinada ninguna partida a las más de 120.000 personas en nuestra región que no tienen ningún tipo de prestación o ayuda.
Comisiones Obreras insiste en la “reclasificación de personas en desempleo que se está produciendo en la región, trasvasando a las personas en paro a otras categorías que no cuentan en la estadística final como paro registrado sino como demandante inscrito, de modo que las cifras de paro quedarían atenuadas”. Esto se hace mediante encuestas, vía internet o telefónicas, a las personas en desempleo a las que no les advierte sobre las consecuencias que pueden tener sus respuestas.
