Para ANPE, la oferta y las condiciones de implantación de las distintas modalidades de Formación Profesional dista mucho de responder a la importancia de estos estudios, al compromiso que adquirió el Gobierno de Cospedal de impulsarlos, al aumento de la demanda de los mismos y a las expectativas que ha generado. La Formación Profesional Básica ha sido otra víctima de la precipitación, improvisación y falta de recursos en la aplicación de la LOMCE.
ANPE sigue denunciando la reducción del número de contratos de profesores de Formación Profesional, la supresión de ciclos formativos, la falta de oferta de FP Básica y la falta de plazas en los ciclos formativos de Grado Medio y Superior, lo que impide que se afronte con éxito la batalla por la rebaja del “abandono escolar”, que en Castilla La Mancha aún está por afrontar eficazmente.
ANPE alerta, asimismo, de la necesidad de mejorar la Formación Profesional Dual y de establecer los controles y las medidas necesarias para conseguir que las empresas se impliquen en esta modalidad y cumplan con sus obligaciones formativas coordinándose con las administraciones educativas correspondientes.
Por otra parte, ante el grave problema de abandono escolar en Castilla- La Mancha, desde ANPE formulamos que se apueste decididamente por la Formación Profesional Reglada –que es la que tiene el papel más relevante contra el desempleo y en el desarrollo de las regiones. Por ello, reclamamos que se derive parte de las ingentes cantidades de dinero destinado a la Formación Profesional Ocupacional -que ha servido para engañar y entretener a los demandantes de empleo y para malgastar las subvenciones públicas- a esta Formación Profesional Reglada.
Por ello ANPE exige a la Consejería de Educación:
– Poner fin a las deficiencias organizativas y de recursos, con una planificación adecuada y negociada, lejos de la improvisación que ha caracterizado la puesta en marcha y el desarrollo de las modalidades formativas.
– Una plantilla suficiente de profesores que permita poner en pie la nueva reforma de la Formación Profesional, así como una oferta de plazas y ciclos formativos que responda al aumento de la demanda.
– Que el Gobierno Regional asuma su responsabilidad y la obligación de impulsar esta formación, implicándose en la ineludible dotación de medios
materiales y humanos, a fin de poner en valor estas enseñanzas y garantizar la cualificación profesional no sólo de los miles de jóvenes que cursan estas
enseñanzas, sino también de una población adulta que necesita adquirir nuevas competencias para el ejercicio laboral.
