Para ANPE, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene y consolida los recortes en Educación, implicando el incumplimiento de la promesa de nuestros políticos de restablecer las condiciones de calidad de las que disponía la Enseñanza Pública y de reponer a los docentes cuando el panorama económico mejorase, ya que se calificaban los recortes como coyunturales y no estructurales.
La repetida idea, vertida por nuestros políticos, de la mejora de nuestra situación económica, no se ve reflejada en este Proyecto de Ley. Se trata de unos Presupuestos claramente insuficientes que no demuestran que la Educación Pública sea una prioridad para el actual Gobierno. Las cifras presentadas nos colocan en una situación similar a la que vivimos en estos últimos años, que están siendo tremendamente duros para la Enseñanza Pública en CLM y que no van a dar respuesta a la diversidad de nuestros alumnos con necesidades educativas.
Los funcionarios docentes han venido sufriendo repetidas reducciones salariales con la excusa de la crisis y los castellano-manchegos han sido discriminados frente al resto de funcionarios al aplicárseles más recortes (eliminación de complementos y un plus de reducción del 3% desde 2012). Se les ha pedido paciencia, y el Gobierno regional, por boca del Director General de la Función Pública comprometió la recuperación de la pérdida retributiva del 3% cuando el panorama financiero mejorase.
Así las cosas, y puesto que “todo va bien”, desde ANPE pedimos al Gobierno regional que esto se refleje en los Presupuestos, y que de manera inmediata se reponga a los docentes ese 3% -descontado en los últimos tres años, que nos discrimina en relación al resto de funcionarios- y que se nos devuelva la paga extra confiscada en 2012, frente a lo que hay escrito en los Presupuestos de 2015 que vaticinan la quinta congelación salarial consecutiva.
Por otro lado, ANPE exige la eliminación de la tasa de reposición de efectivos en los presupuestos Generales de CLM, para poder ofertar el número real de plazas que nuestro maltratado sistema educativo precisa; demandando, asimismo, la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 que declara la obligación de las Administraciones Públicas de incluir todas las plazas vacantes cubiertas por interinos en la oferta de empleo público, no estando justificado alegar motivos económicos para reducir el número de plazas ofertadas, ya que estas están ya presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos, funcionando con normalidad curso tras curso.
