La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha anunciado que el Gobierno regional destinará, en el marco de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades, un 1 por ciento del PIB de nuestra comunidad autónoma a las políticas en favor de las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que las representan.
Para dicho cálculo, se excluirán las aportaciones del Estado para la financiación de sus competencias exclusivas. Este porcentaje será efectivo a partir del año 2020, y se ajustará a lo previsto en la normativa vigente sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Cospedal, que ha avanzado esta medida durante el transcurso del Debate de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada íntegramente por unanimidad en el Parlamento autonómico, también ha subrayado su “compromiso adicional de intentar que este espacio temporal del año 2020 se adelante cuanto podamos y en cuanto lo permita la situación presupuestaria”.
La presidenta ha felicitado a los que han hecho posible que este proyecto de ley sea una realidad, y ha recordado que en el Gobierno de Castilla-La Mancha “nos comprometimos a elevar a rango de ley las reivindicaciones históricas de las personas con discapacidad”.
Día histórico para la discapacidad
Durante su intervención, Cospedal ha calificado esta jornada de “día histórico” en Castilla-La Mancha por aprobar esta ley, que hace que nuestra región “se ponga a la vanguardia de la defensa real y explícita de los derechos de las personas con discapacidad”, y es fruto de “un intercambio y diálogo constante entre el Gobierno regional y estas Cortes regionales con el sector de la discapacidad”.
Así, ha recordado que en el ámbito del Gobierno está constituida la Comisión Permanente de la Discapacidad, en cuyo seno se han ido poniendo en marcha las medidas necesarias para abordar el tratamiento de esta ley, “con un compromiso firme en defensa de la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias y la mejora de la calidad de vida de estas personas y sus familias”.
En este sentido, la presidenta se ha dirigido a las entidades representativas de personas con discapacidad que han asistido al debate porque, como ha señalado, “nos recuerdan que cualquiera puede tener una discapacidad en cualquier momento de nuestra vida o las personas que tenemos a nuestro alrededor”. “Por ello trabajar por su derechos es trabajar para todos”, ha asegurado.
La presidenta ha concluido destacando que la nueva norma “tiene una enorme trascendencia política por estar a la vanguardia de todas las leyes en el ámbito autonómico, nacional y europeo”, algo que a su juicio, dota a esta ley de un “gran valor político”.
Por ello, se ha mostrado “muy orgullosa de que estas Cortes hayan aprobado la ley por unanimidad” y ha felicitado a los grupos parlamentarios y al sector de la discapacidad.
