Este servicio ha supuesto una llamada de atención sobre el problema de la violencia escolar al conjunto de la sociedad y que las administraciones educativas hayan empezado a prestar atención a este problema, culminando con el reconocimiento del docente como Autoridad Pública en el ejercicio de su función a nivel nacional con la LOMCE, reivindicación histórica de ANPE.
En Castilla-La Mancha las llamadas al Defensor del Profesor se han reducido drásticamente desde la puesta en marcha por la Consejería de Educación de un servicio similar – la Unidad de Atención al Profesorado- como resultado de la concienciación y las reivindicaciones de ANPE. Así mismo, en CLM, la Ley 3/2012, de Autoridad del Profesorado, fue la culminación de estas mismas reivindicaciones.
En el curso 2013-14, en la comparativa con el curso 2012-13, han aumentado los problemas para dar clase, los insultos al profesorado, el acoso y amenazas de padres y los problemas derivados de las nuevas tecnologías; siendo uno de cada 10 profesores los que hablan de abandonar la profesión. La ansiedad y la depresión siguen siendo estados anímicos muy extendidos.
En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen:
Conflictos relacionados con los alumnos:
o Faltas de respeto: 27%.
o Problemas para dar clase: 25%.
o Falsas acusaciones de padres y/o alumnos: 22%
o Acoso y amenazas de alumnos: 16%.
o Insultos de alumnos: 14%
o Agresiones de alumnos: 7%
o Conductas agresivas de alumnos hacia sus compañeros: 14%
o Grabaciones, fotos, Internet: 7%
Problemas relacionados con los padres:
o Agresiones de padres: 1%.
o Acoso y amenazas de padres: 28%.
o Denuncias de padres: 19%.
Problemas relacionados con el rendimiento académico
o Presión para modificar notas: 9%.
Conflictos relacionados con la dirección y/ o administración:
o Problemas administrativos: 24%
o Dificultades con los compañeros: 11%.
o Problemas administrativos con la dirección: 12%.
o Problemas con dirección derivados de otras situaciones: 18%.
Se plantean abandonar la profesión: 10%.
ANPE continúa exigiendo a la Administración educativa:
Cumplir y hacer cumplir la Ley, los Decretos de convivencia, así como las Normas de conducta establecidas en los centros.
Garantizar la debida protección jurídica al profesorado así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que deriven de su ejercicio profesional.
Asistencia psicológica a los profesores y reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes.
ANPE seguirá trabajando para mejorar la consideración social de los docentes, y poner de relieve la importancia de cuidar la educación como uno de los pilares de nuestra sociedad.







































































