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Los alcaldes agotarán una última vía para que la Junta pague los programas de formación y empleo

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Tras haber agotado prácticamente todas las vías, un total de 18 alcaldes de la provincia de Ciudad Real han anunciado que reclamarán de nuevo al Gobierno de Castilla-La Mancha la deuda que tiene contraída con sus respectivos ayuntamientos referida a programas de formación y empleo.

Un último recurso ante la “situación de extrema gravedad y urgencia” que está padeciendo, tal y como ha puesto de manifiesto el alcalde de La Solana, Luis Díaz-Cacho, y que se debe al incumplimiento de la normativa por parte de la Junta de Comunidades respecto a una serie de programas concedidos por el propio Ejecutivo regional que no ha resuelto.

El dirigente socialista ha indicado que, por un lado, los ayuntamientos que ya han empezado y cubierto fases de alguno de esos programas de formación y empleo no han cobrado ni los anticipos de cada fase de seis meses ni han cobrado al finalizar cada fase, y, por otro, los que no han comenzado no le abonan los anticipos y se plantean por tanto no iniciar los programas pese a que la normativa regula el anticipo del 50% para las escuelas taller y para los talleres de empleo una vez iniciada la selección de los alumnos.

Y el problema está no sólo en que la Junta de Comunidades no ha pagado nada a los que está obligada de esos programas, sino que además “se da el caso kafkiano de que el Gobierno regional nos pide que le justifiquemos con transferencia bancaria los gastos de esos programas para que nos los abonen. Es decir, nos piden un dinero que ellos mismos nos deben, y además con intereses”.

Es tal el “desbarajuste” que reina, que se dan casos como que algunos ayuntamientos han tenido que acudir a préstamos porque no llega el dinero de la Junta, otros municipios tienen el proyecto concedido y ha desarrollado una fase pero no pueden seguir adelante porque la Junta no ha pagado lo que le corresponde, y un tercer caso en los que pueblos que tienen proyectos concedidos pero ante estos incumplimientos del Gobierno de Castilla-La Mancha no saben si iniciarlo temiendo que se encuentren con la misma situación.

Díaz-Cacho ha aclarado que se trata de programas de formación y empleo ya ejecutados que están presupuestados con fondos finalistas que llegan al Estado procedentes de la Unión Europea para ser repartidos a las comunidades autónomas, fondos, eso sí, que tienen que dedicarse única y exclusivamente a programas de formación y empleo, nunca a otra cuestión.

Pues bien, Díaz-Cacho ha desvelado que tiene conocimiento de que esos fondos que ascienden a 143,5 millones de euros fueron transferidos desde el Gobierno central al Ejecutivo que preside Dolores de Cospedal en noviembre de 2011, por lo que ha avanzado que en los próximos días los alcaldes socialistas de la provincia de Ciudad Real remitirán una carta a la interventora general de la Junta de Comunidades “para que explique qué está pasando con esos fondos”.

Y es que, Díaz-Cacho ha recordado que “han pasado 8 meses, el dinero lo tiene el Gobierno regional, que no puede gastarse para otra cosa porque si se lo gasta en algo que no sea para formación y empleo eso tiene un nombre que se llama prevaricación. Pues bien, ¿qué está haciendo la Junta con este dinero?”, se han preguntado los alcaldes socialistas tras comprobar que a ellos no les ha llegado ni euro.

En el supuesto de no recibir una respuesta “en un tiempo prudencial que entendemos que tenemos que darnos entre todos”, Díaz-Cacho a avanzado en nombre de los 18 alcaldes y alcaldesas afectados que “remitiremos los expedientes al Tribunal de Cuentas de España para que clarifique qué está pasando con estos recursos” económicos que correspondes a los ayuntamientos, o más bien a los ciudadanos que se han beneficiado de los programas de formación y empleo.

Por último, los socialistas han reiterado la necesidad de solucionar esa “maraña administrativa que se mueve dentro de una ambigüedad jurídico-legal” más que complicada y que al final hace que los ayuntamientos sean los paganos y los que tengan que pagan esos “desbarajustes” mencionados.

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