Aprobada por el Consejo de Gobierno, esta norma pretende fomentar la igualdad real y efectiva de las mujeres, así como impulsar la actividad económica y empresarial en el medio rural, incentivar la profesionalización de la actividad agraria y reconocer a la población femenina como trabajadora, mediante la dignificación de su trabajo y sus derechos.
Este registro responde a la necesidad de cambiar la escasa representación femenina en el sector agrario, ya que el 70 por ciento de los titulares de explotaciones son hombres y tan solo el 30 por ciento mujeres a nivel nacional cuentan con ese reconocimiento.
La orden prevé, entre otras cuestiones, beneficios como descuentos en las cuotas de la Seguridad Social de hasta un 30 por ciento para las mujeres menores de 50 años; reparto del 50 por ciento de los dos cónyuges, tanto de los rendimientos de la explotación como de las ayudas agrarias; acceso a una pensión contributiva originada por la cotización a la Seguridad Social, además de la preferencia en el acceso a la formación y el asesoramiento de las personas cotitulares.
