Según publica Mancha Centro Televisión Alcázar estos supuestos delitos se le imputan en relación «al pago de unas facturas que podrían estar relacionadas con el proceso de la supuesta quiebra técnica de Aguas de Alcázar que dio lugar a la privatización durante su mandato como alcalde».
La Fiscalía de Ciudad Real mantiene abiertas diligencias de investigación preprocesales por los «presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos» en base a la denuncia formulada por el actual equipo de Gobierno de Alcázar de San Juan, que puso en manos de esta institución todo lo relativo al proceso de cambio de modelo de gestión de Aguas de Alcázar, una vez que llegó a la Alcaldía en junio del año 2015.
El PSOE, actual partido gobernante, estando en la oposición ya manifestó sus «dudas» al respecto de «cómo se había generado el hundimiento financiero de la empresa y si era o no legal».
Ahora se investiga el «no reconocimiento por parte del Ayuntamiento de facturas por unos trabajos de mantenimiento y alcantarillados realizados entre 2013 y 2014, supuestamente sin informes favorables por parte del Consistorio y por importe de 800.000 euros. Sin embargo estas mismas facturas sí se reconocieron cuando el Ayuntamiento inició el contrato con Aqualia».
