Sobre la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Provincial, en relación a unas facturas por valor de 900.000 euros que podrían haberse pagado “indebidamente” a Aguas de Alcázar por la anterior corporación municipal, con Diego Ortega a la cabeza, la alcaldesa explicó que este organismo judicial ha considerado que “hay sospechas” de un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, ya que las mismas facturas “que sirvieron para provocar la quiebra técnica de Aguas, al no ser reconocidas por el anterior equipo de Gobierno; se admitieron a trámite después que Aqualia se hiciera cargo de la gestión del servicio”.
El asunto está en manos de la justicia, que ha abierto diligencias pre-procesales, y la primera edil recordó a Ortega que, años atrás, fue él quien pidió la dimisión de Sánchez Bódalo tras conocerse su imputación en el caso CCM. “Si entonces consideró que el ser investigado, como ahora lo está siendo él, era motivo suficiente para dimitir; ¿no lo es ahora para él?”.
DESCENSO DEL DESEMPLEO
En relación al descenso generalizado de las cifras de desempleo, la alcaldesa valoró que “se está creando, poco a poco, empleo estable”, ya que los últimos datos muestran un descenso en Alcázar de San Juan “que no está ligado a los Planes de Empleo”.
Desde el Consistorio se apuesta por apoyar y facilitar la creación e instalación de nuevas empresas y seguir dando cobertura a las personas más afectadas por la crisis mediante planes de empleo y formación para la inserción en el mercado laboral. Otra importante apuesta para movilizar la economía de la localidad será el turismo.
