Cargando...En nota de prensa, recuerdan a los vecinos que en el pleno de 9 de enero de 2017 se sometieron a votación tres de las cinco alegaciones al presupuesto y el pleno estimó una de ellas. Dicha alegación fue interpuesta por una trabajadora a la que «una sentencia firme le reconoce sus derechos y dicha sentencia es de obligado cumplimiento. El camino fácil y lógico hubiera sido acatar el mandato del pleno, reajustando el presupuesto».
De manera «inesperada y arbitraria la alcaldesa suspendió el punto del presupuesto. Lejos de aceptar el resultado de la votación del pleno, la alcaldesa comenzó con sus ataques a Equo, que suele hacer cuando no sale lo que ella quiere. Desde el mes de enero hasta el 8 de marzo desde el equipo de Gobierno intentaron que en Equo diéramos marcha atrás en nuestra decisión, y donde dijimos digo dijéramos diego. Al final fueron con otro Diego y con el apoyo PP con el que sí lo consiguieron firmando un acuerdo que solamente ellos conocen. Equo fue coherente hasta el final. No conocimos las enmiendas admitidas al Partido Popular ni cómo ni cuánto afectarán a los Presupuestos».
El comunicado continúa afirmando que «en aquel momento decíamos a la alcaldesa y al equipo de Gobierno que cuando hay una sentencia a favor de una trabajadora no hay que negociar, hay que acatarla y también le decíamos: ¿Quién paga las indemnizaciones a los trabajadores cuando no se acatan las sentencias? ¿Las paga la alcaldesa o las pagamos todos?. La alegación aprobada en Pleno, tenía que ser incorporada al presupuesto de 2017, lo que suponía un reajuste de unos 4.000 euros. Pero en el pleno del 8 de marzo, el Partido Popular se desdijo de su votación anterior, se abstuvo y quedó aprobado el presupuesto, por encima del acatamiento de la sentencia firme de la trabajadora».
«Pues bien, ahora, después de 9 meses, la trabajadora que interpuso un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, ha obtenido la respuesta del juez que ha estimado su recurso declarando nulo el acuerdo del pleno municipal de 8 de marzo de 2017, condenando al Ayuntamiento a reconocer el nivel de complemento de destino que alegaba la trabajadora, con abono de los atrasos correspondientes y el pago de las costas procesales», señalan.
«Por dos veces le han dado la razón los tribunales a la trabajadora en contra del Ayuntamiento. Esperamos que esta vez el Ayuntamiento acate la sentencia, que la alcaldesa pida disculpas a los trabajadores y a los vecinos de Alcázar y nos diga cuánto ha costado al Ayuntamiento el acuerdo con el Partido Popular por su terquedad al no querer ejecutar una sentencia firme favorable a una trabajadora», concluye el comunicado de prensa de Grupo Municipal de Equo.
