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La organización agraria solicita también indemnizaciones para paliar los daños que provocan las aves necrófagas en las explotaciones ganaderas
ASAJA Castilla-La Mancha ha demandado a la Consejería de Agricultura que mejore la gestión de los muladares para evitar que sigan aumentando los ataques de buitres al ganado, pues la insuficiencia de recursos alimenticios está provocando cuantiosos daños en las explotaciones ganaderas.
El Plan de Gestión de la Red de Alimentación de Aves Necrófagas en Castilla-La Mancha publicado en abril de 2016 regula la autorización de muladares y explotaciones ganaderas dentro de las zonas de protección. Sin embargo, la organización agraria ha explicado que el incremento de ataques hace necesaria una revisión para mejorar la gestión e incluir los municipios donde se hayan detectado nuevos ataques.
En los últimos meses, los ganaderos de la región, fundamentalmente de las provincias de Guadalajara y Ciudad Real, están soportando las consecuencias de la falta de alimento para los buitres, con las importantes pérdidas y los perjuicios que ocasionan estos ataques en sus explotaciones.
Los técnicos de la organización, además, han cerciorado que los últimos ataques se han producido por estas aves carroñeras y no por otros animales, y han explicado que normalmente los buitres arremeten sobre el ganado vivo, vacuno y también ovino, sobre todo, vacas parturientas y terneros recién paridos.
Por ello, ASAJA de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería de Agricultura que vuelva a convocar las ayudas en régimen de minimis para paliar los daños por aves necrófagas, como así se establecieron el pasado año y el anterior. La Consejería dio respuesta entonces a una petición de la organización agraria, que colaboró además para crear una tabla de indemnizaciones acorde a las pérdidas reales que ocasionan los ataques y logró que esos sucesos se reconocieran como indemnizables, al ser el buitre una especie protegida en la región, al igual que el lobo.
Por último, ASAJA CLM ha recordado que, como viene denunciando desde hace mucho tiempo, la política proteccionista de la Administración regional atenta directamente contra el sistema productivo de Castilla-La Mancha y compromete severamente el futuro de las explotaciones agrarias y ganaderas de la región.
