Cargando...La Policía Nacional ha desarticulado un complejo entramado que llegó a estafar a 2.400 españoles desde una treintena de páginas web que simulaban pertenecer a empresas fiables con el señuelo de vender productos tecnológicos como teléfonos móviles y ‘tablets’ con descuentos con la detención de 45 personas, produciéndose una de ellas en Sevilla. El fraude está valorado en unos 900.000 euros, con víctimas que llegaron a sufrir a perder 40.000 euros debido a que la red se hizo con sus cuentas bancarias.
Los líderes de la red eran jóvenes españoles de unos 25 años sin antecedentes, que tenían su base en Madrid, según han explicado los responsables policiales en una rueda de prensa celebrada en el Complejo Policial de Canillas en Madrid. La investigación se inició en mayo de 2018 a raíz de una primera denuncia de un afectado en Calatayud (Zaragoza).
«La ciberdelincuencia está asociada al mundo del hacker, pero este es un concepto antiguo; ya es tan transversal que ya afecta a todo», ha avisado el comisario Pedro Pacheco, el responsable de la Policía en esta materia, que ha pedido que se refuercen las medidas de seguridad ante el incremento del 20 por ciento de la ciberdelincuencia y que se sospeche ante la oferta online de «supuestos chollos».
La red creaba páginas web similares a otras empresas reconocidas pero con pequeñas variaciones en el dominio, induciendo a error a los usuarios, todos españoles, que pensaban que estaban accediendo al sitio web original. Hasta el momento han sido detenidos 45 personas –30 de ellas en la provincia de Madrid, doce en Alicante, una en Sevilla, una en Albacete y una en Barcelona–, que empleaban hasta 100 identidades diferentes y se ha identificado 286 cuentas bancarias empleadas para canalizar sus beneficios ilícitos. La Policía ha solicitado que se bloqueen 39 páginas web fraudulentas.
La organización desmantelada llevaba a cabo una segunda estafa, ya que las personas que realizaban la compra a través de las web eran luego contactadas por vía telefónica y, en muchos casos, ofrecían sus datos bancarios. En ese momento entraban en acción los colaboradores o ‘mulas’ que, con las identidades de las víctimas y otras usurpadas, hacían extracciones de efectivo en cajeros automáticos o envíos a través de aplicaciones online.
