Cargando...La Consejería de Sanidad ha determinado que los usuarios de las residencias de la región podrán salir exclusivamente al domicilio familiar y por un periodo mínimo de 10 días naturales y máximo de 8 semanas, en tanto dure la situación originada por la crisis sanitaria del COVID-19. En el momento del regreso al centro residencial, la persona residente deberá contar con una prueba PCR con resultado negativo, realizada como máximo en los tres días anteriores al regreso, y que deberá entregar a las personas responsables del centro.
Así consta en la resolución del departamento que dirige Jesús Fernández Sanz, que publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, y modifica la resolución del 26 de junio, por la que se establecen los requisitos para las salidas permitidas en centros sociales y sociosanitarios de carácter residencial, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
En esta nueva resolución se indica que el citado test PCR deberá realizarse por los servicios de Atención Primaria o, en su defecto, se admitirá el resultado obtenido por un test PCR llevado a cabo en un laboratorio privado que cuente con la acreditación oficial correspondiente.
Podrá excluirse de la necesidad de realización de PCR a aquellas personas, que, tras evaluarse de manera individual su caso, se vea suficientemente acreditada positividad serológica para IgG y negatividad para IgM SARS- CoV-2.
Igualmente, en el momento del regreso, la persona residente deberá aportar al centro compromiso por escrito de su intención de respetar un periodo de aislamiento preventivo tras su reingreso en el mismo, conforme establezca la autoridad sanitaria.
Deberá incluir también una relación que identifique a las personas con las que ha convivido o mantenido contacto estrecho durante su permanencia en el domicilio familiar, con indicación de los teléfonos de contacto.
A su vez el centro deberá garantizar que dicho regreso se lleva a cabo cumpliendo las condiciones sanitarias adecuadas para llevar a cabo el aislamiento durante el periodo requerido.
Esta resolución, que entrará en vigor este viernes, pretende ajustar las medidas de desescalada a las nuevas circunstancias y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas usuarias, preservando igualmente las medidas de protección establecidas.
