Cargando...El delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo, Fernando Jou, ha resaltado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en la atención a “los que más sufren en nuestra sociedad”, tras la aprobación de diferentes partidas para asuntos sociales que ascienden a más de 107 millones de euros.
Así lo ha explicado Jou en rueda de prensa para dar cuenta sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con la provincia de Toledo, en la que ha destacado que “los asuntos sociales son prioritarios” para todo el Ejecutivo de María Dolores Cospedal, que es “consciente de las necesidades especiales de las personas más desfavorecidas”.
De esta forma, ha informado de que se destinarán un total de 40 millones para ayuda a domicilio, de los que 33 millones de euros serán para ayuda a domicilio para personas dependientes y no dependientes y siete millones irán destinados a teleasistencia, unas ayudas que se prestarán mediante convenios firmados con entidades locales.
Fernando Jou ha indicado, por otra parte, que para centros de atención a discapacitados se han aprobado dos líneas de ayuda, una para los gastos y el mantenimiento de los diferentes centros y otra para subvencionar programas y proyectos de desarrollo e inclusión social, con una partida total de 39,6 millones de euros.
De otro lado, el Gobierno destinará siete millones para casi 15.000 familias numerosas, que recibirán ayudas en función del número de componentes del núcleo familiar, con una partida mayor en el caso de los partos múltiples. Asimismo, se ha aprobado un total de 2,4 millones de euros para las 502 familias que dan acogida a 652 menores.
El delegado provincial ha detallado que para los centros de menores tutelados se contempla una partida de 21,2 millones, dirigidos a 16 entidades que cuidan de 580 jóvenes. También se han aprobado ayudas por valor de 2,7 millones de euros para emergencia social y ayudas para la adaptación de la vivienda, con carácter excepcional, para personas cuya vivienda no cumple los requisitos para tener una vida con una dignidad mínima, por un importe de medio millón de euros.
De igual modo, Jou ha señalado que para las viudas y familiares que convivieran con la persona fallecida, con edad igual o mayor a 50 años o con alguna discapacidad y que dependiesen económicamente del fallecido, se destinarán ayudas de 1,9 millones de euros, lo cual beneficiará a cerca de 3.000 personas.
Finalmente, ha apuntado que para menores con protección judicial se prevén 1,4 millones de euros, que se dirigirán a programas de rehabilitación del núcleo familiar, atención psicológica, mediación de conflictos, etc. con el objetivo de que estos menores “el día de mañana, no tengan ningún tipo de trauma como consecuencia de las vivencias sufridas durante su período infantil o juvenil”.
