Cargando...Calleja ha recordado que el Plan Especial del Alto Guadiana surgió para solucionar una problemática compleja que se da en esta zona y “hablar del Alto Guadiana es hablar de los humedales, de los acuíferos, de la agricultura, del medioambiente y de la economía” y se ha hecho un trabajo “muy serio de la mano de todo el sector agrario y de gran parte del sector medioambientalista”, por lo que su eliminación “sería de gran irresponsabilidad”.
“La legalización histórica de pozos” es el principal resultado de la aplicación de este plan, puesto que ha conseguido cambiar “la conflictividad” suscitada antes de su existencia respecto a este asunto. Se han legalizado 4.000 pozos cumpliendo todos los parámetros de la ley, se han puesto 20.000 hectáreas de regadío de leñosos y ha mostrado el interés del Consorcio en resolver los expedientes de las explotaciones prioritarias.
A juicio de Calleja es necesario seguir con “todos y cada una de las medidas del Plan Especial del Alto Guadiana” para evitar discriminación entre unos agricultores y otros en el caso de la colocación de contadores. Hasta el momento se han instalado 8.000 y de no continuar haciéndolo “volveríamos a la situación de hace 15 años que se empezaron a instalar contadores, de los que no hubo seguimiento y se convirtieron en un montón de chatarra después de invertir 1.500 millones en ello”.
Por eso “sería una barbaridad volver a la situación de conflictividad que hubo en los años 90” y “sería una irresponsabilidad” que este plan no continuará desarrollándose en los términos en los que está previsto, porque “lo que sí queda claro es que ésta es la solución definitiva a los problemas estructurales que teníamos en el Alto Guadiana”.
Supresión del PEAG
En otro orden de cosas, Calleja consideró que suprimir el PEAG, sería “una barbaridad y una gran irresponsabilidad” y aseguró que los resultados de este programa, “están a la vista de todos, como es la legalización histórica de pozos, que ha terminado con la conflictividad existente en este sentido. Pozos que, con anterioridad no tenían derechos de agua y que ahora están cumpliendo con todos los requisitos de la ley”.
Además, “se han puesto 20.000 nuevas hectáreas de regadío de leñosos, pese a que se está diciendo lo contrario”, mientras que las explotaciones prioritarias, no se han resuelto, “porque se necesita que la administración compre más derechos de agua para satisfacer las necesidades de los agricultores profesionales”.
